Incluyendo el Reglamento de las Cortes, en estos dos tercios de legislatura se han aprobado hasta 29 leyes, de las que 6 han sido presentadas por los grupos parlamentarios y el resto fueron llevadas desde el Ejecutivo autonómico. Si bien no todas tienen el mismo calado, algunas de estas leyes --en su mayoría de componente social-- sí han sido parte importante de los compromisos de Gobierno y los acuerdos que firmaron para la gobernabilidad PSOE con el resto de grupos de izquierdas. Destacan las de reducción de la pobreza energética en Aragón (presentada por Podemos), de Integridad y Ética pública, de venta local de productos agroalimentarios, la Ley de Capitalidad, la de diálogo social y participación institucional o la de cuentas abiertas.

Están en distintas fases de tramitación otras 20, de las que 8 han sido presentadas por los grupos. Algunas son de vital importancia política, como la de Renta Social Básica, pendiente del informe de la ponencia y con 294 enmiendas parciales. En la misma situación está la de Memoria Democrática de Aragón, dos sobre derechos de identidad de género e igualdad, así como otra sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Aragón.

También están pendientes la Ley de Estadística de Aragón y la de Investigación e Innovación de Aragón. Existe el compromiso por parte del Gobierno de que se aprueben en el poco más de un año que queda de legislatura. Está por ver, eso sí, el grado de consenso que pueda facilitar la aprobación. Algunas de ellas podrían encontrar algún problema en este sentido, como la de renta básica. En cualquier caso, el número de leyes aprobadas ya hace de esta una legislatura de récord, puesto que se han aprobado ya las mismas que en la legislatura del 2007 al 2011 y 6 más que en la etapa de Luisa Fernanda Rudi, durante el Gobierno PP-PAR del 2011 al 2015.