Si hace ahora un año se podía sospechar que la fragilidad en la que se sustentaba el pacto de izquierdas en Aragón podía generar más de una turbulencia, 365 días después podría decirse que lo peor de la tormenta ya ha pasado. El Gobierno de Aragón PSOE-CHA afronta el 2018 con más tranquilidad que hace un año y con las dudas despejadas sobre su estabilidad que sí acechaban entonces. Si no se apartan del camino trazado, culminarán su proyecto de izquierdas en el último curso completo de legislatura antes de que el final de año se contamine de la lógica pugna preelectoral. PSOE y CHA están convencidos de que han restituido los recortes sociales de la legislatura anterior, dirigida por el PP y el PAR. Y en eso basan su aval.

Los dos partidos han afianzado su coalición aragonesista y de progreso y han encontrado en Podemos el aliado crítico que ha cambiado la hostilidad de hace un año --más mediática que política-- por un pragmatismo constructivo que le permite sacar más rédito a sus reivindicaciones. El cambio de liderazgo en Podemos tras la marcha de Pablo Echenique ha otorgado mayor madurez y responsabilidad política a la formación morada, cuyo apoyo crítico a las políticas del Ejecutivo autonómico le convierte en una oposición que suma y saca adelante su proyecto.

Al igual que ha ocurrido en Podemos, socialistas y populares también han afrontado sus procesos internos, con relevo incluido en el PP. Luis María Beamonte abandera el nuevo proyecto político de los conservadores, que han basado parte de su oposición en la crítica a la política impositiva del Gobierno autonómico y en su afán por captar votantes de centro, van a intensificar su crítica hacia un PSOE «podemizado» y «sectario». PP mirará de reojo a Ciudadanos, ya que hay cierta preocupación ante las buenas perspectivas de una formación naranja que podría aglutinar parte del electorado conservador descontento y aún sensibilizado por la crisis de Cataluña.

Las Cortes de Aragón tienen mucha tarea. La inminente, la aprobación de los presupuestos de este año. Expansivos, cada vez más cercanos a la etapa de esplendor del 2008 y el 2009. Un buen dato si se aprende y se corrigen los errores del pasado. Nuevos actores hay para vigilar que no se cometan ciertos excesos.

El 2017 no fue brillante en lo parlamentario. No hubo grandes proyectos legislativos, más allá de que se desbloqueara la ley de capitalidad. Muchos se quedaron rezagados y los más ambiciosos deben salir adelante este curso. Es el caso de la renta básica, la memoria democrática, la de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación, la de igualdad entre hombres y mujeres... Hasta 13 proyectos de ley y 6 proposiciones están pendientes de debate y aprobación. Como lo están la renovación de algunas instituciones, siendo la del Justicia la que está más lejos de encontrar un candidato. Aunque lo habrá.

Relaciones bilaterales

La bilateralidad es otro de los desafíos, si no el principal, al que deberá enfrentarse el Ejecutivo aragonés. Mientras sigue sin haber acuerdos claros para que haya una financiación autonómica equitativa y racional, se debe actualizar el Pacto del Agua y su comisión de seguimiento, de la que nada se sabe esta legislatura, y el grupo que controla los avances de la comisión bilateral se debe poner a trabajar. Se han pospuesto las reuniones por la situación catalana. Pero esto no debe interferir en la actividad normal del resto de comunidades.

Aragón sigue teniendo mucho que reivindicar en lo bilateral, a pesar de que en algunos aspectos se avanza, con especial mención al Canfranc. Un sueño que parecía imposible hace poco, cada vez está más cerca. No solo por la obstinación del consejero José Luis Soro, sino porque por primera vez hay un frente común de todas las administraciones. Y esa es la única manera de avanzar. Así se logrará, por ejemplo, dignificar el patrimonio recuperado con un buen plan director para el monasterio de Sijena.