La primera evaluación de los daños en la carretera A-1107, en Pina de Ebro, ascienden a más de 350.000 euros. Esta es la estimación efectuada por el Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Aragón tras comprobar el efecto de la riada en esta carretera, que fue cortada al tráfico y que se tuvo que romper intencionadamente para dar paso al agua y evitar así la inundación de esta localidad de la ribera baja. Este cálculo es el primero de un buen número de obras que tendrá que acometer el Gobierno de Aragón para reparar infraestructuras muy dañadas por la crecida.

Por este motivo, el próximo martes se aprobará en Consejo de Gobierno un decreto de ayudas que se sumará al que tiene previsto aprobar el viernes el Ejecutivo central en su Consejo de Ministros. En cualquier caso, hasta que no baje el nivel del agua, será complicado hacer una evaluación completa del estado de todas las infraestructuras de titularidad autonómica que tendrán que ser sometidas a una reparación. Al coste de las infraestructuras públicas se une el que tendrán las propiedades privadas que deberán ser indemnizadas. El coste puede superar los 50 millones de euros.

Por otra parte, el Gobierno de Aragón ha solicitado documentación a la empresa constructora y concesionaria de la autopista autonómica ARA-1, que une mediante un puente Villafranca de Ebro con El Burgo de Ebro, para analizar las circunstancias que originaron que la madrugada del lunes cediera por un punto débil y se hundiera tras la fuerza del caudal del río. El Ejecutivo autonómico reclamará la responsabilidad a la constructora para que repare unos daños muy graves y que siguen aumentando con el paso de los días. De hecho, el hundimiento ha crecido en dos días y ya faltan más de 80 metros de plataforma de esta autovía que tan solo ha durado siete años. Precisamente, este hecho ha sorprendido especialmente, y ya se baraja qué fallos se han producido para que no haya resistido una infraestructura que fue sometida a todo tipo de estudios. Entre ellos, el que debe tener en cuenta un episodio de avenida histórica con un retorno de 500 años. Esta tiene el doble de caudal de la que ha terminado por derribarla.

La intención de la DGA es que Acciona asuma el coste. En estos momentos, esta autopista se encuentra en concurso de acreedores y hay un pleito visto para sentencia al respecto, en el que DGA y concesionaria dirimen una compensación económica por el bajo uso de esta obra. Además, la Unión Temporal de Empresas que realizó la obra tiene un problema. Arascón y Bruesa, que junto a Acciona se encargaron de construirla, se encuentran en quiebra.