Más que una riada, la avenida extraordinaria del Ebro se convirtió ayer en un tsunami de indignación en los miles de habitantes de toda la ribera aragonesa --cansada de predecir los graves daños y reclamar actuaciones en el cauce que nunca llegan-- y un carrusel de reproches políticos y solicitudes de dimisión por lo que la mayor parte de los partidos de la oposición considera que ha sido una mala gestión de esta crisis, tanto por parte del Gobierno de Aragón como de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Por primera vez en décadas, las previsiones de la CHE --tan certeras siempre-- fallaron y eso provocó una desconfianza generalizada en los ayuntamientos y vecinos, especialmente de la ribera baja del Ebro.

Mientras en la parte alta ayer era jornada de balance y de tratar de recuperar parte de lo que se llevó la furia del agua, los efectos de los más de 2.600 metros cúbicos por segundo que llevó el Ebro a su paso por Zaragoza se dejaron notar en forma de cortes de carreteras urbanas y viviendas anegadas, así como el aislamiento de barrios rurales como Alfocea o Movera. Además, se decidió suspender la popular fiesta de la Cincomarzada por no estar garantizada la seguridad en la margen izquierda, que ayer en sus zonas más próximas al río continuaba siendo un estanque, como el parque Tío Jorge.

Asimismo, la inexactitud de las previsiones ofrecidas por la CHE generó un estado de tensa cautela en municipios aguas abajo, como Alfajarín, Osera, Villafranca y especialmente Pina de Ebro y Quinto. En el caso de Pina, cada tres horas se produjeron reuniones para evaluar si era necesaria una evacuación de sus 2.600 habitantes que finalmente no fue necesaria, mientras que a última hora de ayer se activaba la alerta en la otra margen, la derecha, y era en Quinto donde se puso en marcha el plan de emergencia.

La extraña violencia y velocidad del río pudo provocar una tragedia en la autopista autonómica ARA-1, que se colapsó en un tramo y cedió a la energía generada por el agua, hundiéndose los dos carriles en sentido a El Burgo de Ebro.

Mientras los vecinos de esas localidades se afanaban por contener motas ya muy debilitadas por la furia del agua y el tiempo --más de un mes-- que permanece el río con un caudal superior a los 1.300 metros cúbicos, un desfile de políticos visitó las zonas afectadas, aportando cada uno de ellos, en función de las siglas, su punto de vista respecto de la gestión realizada por la CHE y por el Gobierno de Aragón, que lleva todo el fin de semana coordinando junto a Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias las obras de contención de la riada y la seguridad de los vecinos. La aparente descoordinación entre instituciones fue muy criticada por PSOE, CHA e IU. A su vez, las posiciones ecologistas también fueron ampliamente contestadas en los municipios que año tras año demandan soluciones a un río cada vez más colmatado y que apenas tiene intervenciones integrales para actuar y evitar que cada riada, independientemente del caudal, genere daños en las explotaciones agrícolas y ganaderas cada vez más costosos.

A los dirigentes locales que ayer visitaron diversas zonas afectadas por la inundación, se sumó ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aunque este lo hizo desde un helicóptero en el que pudo apreciar una impactante imagen, espectacular y hermosa, si no supusiera destrucción. Fernández Díaz no se bajó del helicóptero ni pulsó la indignación ciudadana que sí ha comprobado este fin de semana la presidenta de Aragón y los distintos líderes de los partidos en la comunidad. Mientras, la CHE defiende su gestión y estudia las causas de que las previsiones hayan fallado. Extraoficialmente, algunos técnicos apuntaron a que el caudal de la crecida del 1 de febrero, estancado en varias zonas todavía, ha podido influir en el aumento de caudales por encima de lo esperado, así como que ha afectado a las estaciones de aforo.