En medio de una creciente desafección ciudadana y de una hostilidad generalizada hacia las élites que detentan el poder, medidas de regeneración institucional como las anunciadas por la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, en su discurso de apertura del debate de la comunidad son inicialmente estimulantes. Apenas un minuto necesitó la líder del PP, tras casi una hora de palabras vacías eludiendo una gestión calamitosa de la crisis económica, para desgranar cuatro grandes cambios en el criticado sistema político: implantación de listas abiertas en campañas electorales más cortas, eliminación de aforamientos a cargos públicos, reducción del número de diputados autonómicos y limitación a candidatos inmersos en procedimientos judiciales. Rudi dibujó en estas impactantes líneas de acción la forma no solo de renovar el modelo de representación reaccionando ante "populismos nuevos en apariencia pero viejos en todo lo demás", sino de defenderlo de "atajos imposibles y descalificaciones gratuitas".

Muchos lectores pensarán, con motivo, que se trata de una maniobra de despiste para no hablar de los problemas reales, del día a día de los miles de aragoneses que hoy lo pasan mal, peor que cuando el PP accedió al Pignatelli en el 2011. Otros verán criticable que la iniciativa sea anunciada por la presidenta en la senectud de su dilatada carrera pública. Habrá quienes consideren que se trata de fórmulas de corte tan populista como el que denuncia de terceros, e incluso quienes intuyan una maniobra táctica del PP para encontrar un mecanismo lampedusiano que permita a partidos mayoritarios como el suyo domeñar un futuro mapa institucional y político que tiende a la fragmentación y al colapso de la gobernabilidad. Pero el grave handicap con el que nacen las propuestas de Rudi es que necesitan algo más que una declaración de intenciones en un foro incapaz de aprobarlas en plazo y, en su caso, de desarrollarlas plenamente. Para que esos anuncios tan biensonantes se conviertan en realidad será preciso modificar leyes orgánicas como la electoral, que fija listas cerradas, o como el Estatuto de Autonomía de Aragón, que marca que las Cortes tendrán 67 diputados, o que la ley estatal de transparencia determine que un candidato con un juicio oral abierto por una causa relacionada con corrupción no pueda concurrir a unos comicios.

Así que más que recelar de las medidas, conviene reclamarle a Rudi que no se quede en el anuncio pomposo de las mismas. Con sus 30 diputados tiene fuerza y capacidad para iniciar el camino de la regeneración, sin componendas, registrando en el Parlamento las iniciativas verosímiles y buscando el consenso que permitan recorrerlo.