La plataforma Salvemos Averly no está de acuerdo con la valoración que han realizado desde la Dirección General de Patrimonio para catalogar el conjunto patrimonial de Averly en Zaragoza y podrían acabar llevando el asunto a los tribunales. Fuentes de este colectivo aseguraron a este diario que "estamos consultando con abogados para demandar a la consejera de Educación, Cultura y deportes del Gobierno aragonés, Dolores Serrat, y al director general de patrimonio, Javier Callizo, porque "consideramos que se encargó el análisis de los bienes muebles e inmuebles a técnicos que no son expertos en el patrimonio industrial de esta ciudad" y, sobre todo, "que podría haberse hecho de forma intencionada".
El enfado de este colectivo con la resolución de la DGA es evidente. De hecho, tanto la Asociación Pública en Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), como Carlos Blázquez y Belén Boloqui han presentado alegaciones al documento que la dirección general ha sometido a exposición pública durante el último mes. Todos ellos ahondando en la necesidad de conservar íntegramente el conjunto de la vieja fundición e incluso señalaron que "estamos buscando inversores privados que ayuden a financiar su conservación en el futuro", aunque es pronto para hablar de nombres o de garantías de disponer del dinero suficiente.
Sin embargo, ahora se pone en duda la intencionalidad con la que se ha realizado el análisis por parte de Patrimonio y las consecuencias que esta puede tener en el futuro. "Al final siempre acaba mandando el ladrillo", señaló Carlos Blázquez.
ALEGACIONES
Mientras, la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ), la Cámara de Comercio y la Asociación de Promotores Inmobiliarios también han presentado alegaciones. Todos respetando el valor histórico de los bienes inmuebles y muebles de Averly que señala la dirección general, pero también incidiendo en que han cambiado las reglas justo después de cerrarse una operación de compraventa por parte de Brial.
La constructora, por su parte, también presentó alegaciones al expediente señalando que no están de acuerdo con la catalogación por el simple motivo de que ha cambiado de propietario, que lleva más de 40 años aprobado el ayuntamiento el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) autorizando a hacer viviendas y con una protección ratificada en el 2005 por el consistorio y la DGA, en colaboración con el departamento de Historia de la Universidad de Zaragoza.
Además, advirtió de que "habiendo sido realizado un trabajo exhaustivo" por parte de los técnicos de Patrimonio, "no tenemos más que aceptar la decisión" de que hay bienes que proteger pero que "en el caso de que no pueda realizarse el proyecto reclamarán los daños y perjuicios a quien corresponda".
