Francia era en los años 80 un santuario para los terroristas, que podían atentar en España y regresar a esconderse sin problemas. Desde entonces, los diferentes gobiernos franceses han variado sus estrategias, hasta ser aliados en la lucha antiterrorista. Su implicación ha estado, sin embargo, condicionada por sus propios intereses, lo que ha propiciado más de un encontronazo con el Ejecutivo español.
Históricamente, la banda ha optado por no atentar en suelo francés. Aunque ha considerado a ambos estados «enemigos», y los ha acusado por igual de aplicar una política penitenciaria «de exterminio», solo ha actuado en territorio francés dos veces: en el 2007, cuando asesinó a dos guardias civiles de paisano en Capbreton, en Las Landas, y en el 2010, cuando mató a tiros a un policía francés en Dammarie-lès-Lys, una pequeña localidad a las afueras de París.
Los años más cómodos para ETA en Francia coincidieron con la presidencia de Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981). Los etarras disfrutaban de asilo político y el Gobierno francés se negaba a conceder sistemáticamente las peticiones de extradición de la justicia española. Hubo que esperar a François Mitterrand (1981-1988 y 1988-1995) para que la cooperación comenzara a funcionar. Incluso, pese a la oposición del Elíseo, un tribunal francés se pronunció a favor de las extradiciones.
En ese periodo comenzaron a actuar, también principalmente en suelo francés, los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), que cometieron cerca de 40 atentados y asesinaron a 26 personas. Coincidieron en el tiempo con otro grupo terrorista nacido en Francia en 1972, Iparretarrak (Los del Norte, en euskera). Perpetró su último ataque en el 2000, si bien no ha hecho ninguna declaración oficial de disolución.
Ayuda con claroscuros
La colaboración en los años 80 tuvo muchos claroscuros. Las desarticulaciones de comandos eran puntuales, para desesperación de las Fuerzas de Seguridad españolas, que conocían, gracias a agentes infiltrados, la libertad de movimientos con la que actuaban los terroristas en el País Vasco francés. No faltaron las acusaciones de que Francia condicionaba las operaciones antiterroristas a la compra de equipamientos, como trenes de alta velocidad.
También Jacques Chirac (1995-2002 y 2002-2007) condicionó la cooperación policial a otros intereses, hasta que la llegada de Nicolas Sarkozy, en el 2007, relanzó definitivamente la colaboración antiterrorista. Fue clave en el cerco final a ETA, ya en plena sintonía con España. Sin embargo, durante muchos años la sociedad francesa ha mantenido una visión particular del conflicto vasco. Las décadas en las que los miembros de ETA eran considerados «refugiados políticos» seguían pesando en muchos ámbitos, incluidos el político y el judicial.
Así, mientras la ley de partidos supuso la ilegalización de la izquierda aberzale en España, Batasuna era legal en Francia. El pasado octubre, el expresidente de la Liga de Derechos Humanos de Francia Michel Tubiana; el sindicalista y ecologista Jean-Nöel Etcheverry y el activista por el medio ambiente Michel Berhocoirigoin enviaron una carta a ETA en la que se ofrecieron como representantes de la sociedad para colaborar en la entrega de las armas.
La banda aceptó con una condición: evitar una lectura en términos de «vencedores y vencidos». La labor de estos mediadores civiles se vio obstaculizada con el arresto, en diciembre, de cinco personas, cuando iban a inutilizar armas entregadas por ETA. La banda ha hallado ahora la forma de llevar a cabo el desarme de forma unilateral e incondicional. Queda pendiente la investigación policial de las armas, en la que volverán a cooperar España y Francia.
