Estalló la guerra abierta por el transporte urbano de Zaragoza. La jornada de ayer se convirtió en un combate todos contra todos en los que se vivieron los primeros momentos de tensión por los 153 despidos. Los trabajadores, algunos de ellos ya con el burofax que notificaba su despido en la mano y la indemnización en su cuenta bancaria, tomaron las cocheras en una protesta improvisada en la que fue necesaria la intervención de la Policía Nacional. El mismo día en el que se daban a conocer los nombres y apellidos de quienes hoy ya no les dejan acudir a su puesto de trabajo. Y el mismo día en el que el Grupo Avanza, los verdaderos dueños de Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZ), celebraban a bombo y platillo la venta del 100% del accionariado a un grupo empresarial mexicano, ADO, sin experiencia en España ni en Europa.

La plantilla clama por hacer huelga y trasladar esas tensiones a la calle. Piden hacerla cuando más ruido haga, incluso indefinida, y con la mirada puesta en el inicio del curso escolar y las fiestas del Pilar. Y la responsable de Servicios Públicos, Carmen Dueso, de vacaciones.

ALTERCADOS

La foto fija en el consistorio no dejaba de empeorar conforme avanzaban las horas y el resultado a final del 2013 puede ser nefasto, desde un punto de vista político. Con 153 despidos como consecuencia de una reordenación de líneas que, todo apunta, se retocará igualmente con 500.000 kilómetros más en enero, porque los usuarios los urgen para mejorar un servicio por el que ahora le facturará un grupo empresarial distinto al que el consistorio le adjudicó el contrato para los próximos diez años. Solo un mes después de adjudicarlo. Solo tres semanas después de poner en marcha la reestructuración de la red. Y, lo que es más grave, solo 24 horas después de ver rota cualquier posibilidad de acuerdo. El conflicto gana en intensidad. Y la mejor prueba se vivió ayer en las instalaciones de la concesionaria en la carretera de Castellón.

En la primera asamblea del día ya se notaba la crispación. Las opiniones y reivindicaciones de una huelga general se mezclaron con las críticas. A grito de "esquirol", Javier Anadón, el propio representante de los trabajadores, juzgó a uno de los empleados por acceder a hacer horas extra cuando, en teoría, sobra plantilla. También se acusó a una mujer de no ser despedida por el mero hecho de estar embarazada y, a sabiendas, que dos futuras madres sí han visto rescindido su contrato.

Pero el modo en que la empresa hizo saber a los conductores (139) y personal administrativo (16) que ayer ya no formaban parte de la plantilla modificó el rumbo de la asamblea que terminó en el despacho del director de recursos humanos, Héctor Muñoz. Y fue con un ingreso repentino de la correspondiente indemnización el martes por la noche y un burofax recibido ayer y solamente de los afectados. La dirección achacó a la organización de las entidades bancarias que la indemnización llegara antes que el burofax, forma elegida por la empresa para notificar el despido.

Y entre aplausos y gritos de ánimo fueron llegando los trabajadores a cocheras. Aplausos que se repitieron cuando Héctor Muñoz abrió la puerta de su despacho para recibir, únicamente, a los miembros del comité. Muñoz fue claro y exigió hacer "las cosas con normalidad y responsabilidad" a la vez que recordaba que "también soy trabajador".

En una conversación grabada por el director, y antes de avisar a la Policía Nacional para "mantener el orden", presentaron oficialmente la lista con los nombres de los despedidos acompañada del compromiso de la empresa de otorgar prioridad a los afectados en los futuros procesos de selección para cubrir vacantes y jubilaciones, alardeado de haber regalado dos días a los despedidos, mensaje al que respondieron los afectados denunciando que la empresa no les habían dejado hacer ayer su ruta.

Aceptadas las sugerencias, en el momento de la firma de esta nueva propuesta, apareció la Policia Nacional, tres furgones, sorprendiendo a todos los presentes por la normalidad en la que se estaban desarrollando los hechos. Hoy, los 153 desempleados firmarán la carta de despido como "no conforme", pero, tal y como acordaron ayer, no harán lo mismo con el finiquito.

Y mientras la tensión en cocheras se entremezclaba con escenas de dolor y lágrimas, en el ayuntamiento el debate era si se debe revocar la adjudicación de la contrata. Así lo plantearon abiertamente CHA e IU, que centraron en la dirección de la empresa sus críticas e incluso le acusaron de ser "desleal con la ciudad" y tener una actitud "beligerante, chulesca además de insultante".

Así lo apuntó el concejal Carmelo Asensio, de CHA, quien instó al alcalde accidental, Roberto Fernández, a sentar a la dirección y el comité a una nueva reunión antes de que la pelea vaya a más. Lo más curioso es que el socialista ya intervino en el pasado en una negociación entre ambas partes. Fue en 1985 y desembocó en la última huelga salvaje, en la que los militares acabaron conduciendo los buses para poder mantener el servicio.

Mientras, el portavoz de IU, José Manuel Alonso, y el concejal Raúl Ariza, abogaron por rescindir el contrato porque "va contra el interés público" la decisión de AUZ ya que cuando se le adjudicó "bajo ningún concepto estaba previsto un recorte tan brutal en las condiciones de empleos". "Esto será legal pero nos parece injusto e inmoral", dijo Ariza.

Para colmo, Avanza anunció la venta a ADO y, en declaraciones a este diario, fuentes oficiales señalaron que el final de las negociaciones en Zaragoza "no ha influido" en esta operación que "lleva muchos meses en conversaciones". Una casualidad que se cierre ahora, dicen, ya que el único factor "clave" fue la emisión de bonos en mayo para subsanar su deuda con los bancos. Además, garantizaron que AUZ "mantendrá su autonomía" y que el conflicto abierto en la capital aragonesa "preocupa" pero no afecta. Para Anadón, la dirección tenía "amañada desde el principio" y en Zaragoza trataba solo de poner "condiciones más favorables" para ADO, "abaratar los costes y quitarse plantilla".