La renovación del Tribunal Constitucional está en el ojo del huracán. Para complicar aún más la situación, la Mesa y la Junta de Portavoces del Senado decidirán mañana, tal y como propone el PP, si los parlamentos autonómicos deben ratificar los candidatos que presentaron hace más de dos años y medio para magistrados del Tribunal Constitucional, o si optan por proponer nuevos nombres. Los órganos de gobierno de la Cámara Alta analizarán para ello el informe de los servicios jurídicos del Senado sobre los 23 candidatos presentados por las autonomías, cuyas circunstancias pueden haber cambiado.

Los letrados indicarán además si es obligado, conveniente o contrario a derecho atender la solicitud del PP y pedir a los parlamentos autonómicos que vuelvan a pronunciarse sobre los candidatos, aunque el informe no es "vinculante", indicó Efe. El informe fue solicitado por el PP antes de apoyar, en la Junta de Portavoces, la convocatoria de la Comisión de Nombramientos del Senado que debe decidir qué cuatro candidatos de los 23 existentes eleva al pleno de la Cámara.

Pese a que se ha pedido celeridad a los letrados en la redacción del informe, es posible que no esté ultimado antes del martes, cuando se reúnen la Mesa y la Junta de Portavoces, o que los grupos pidan más tiempo para estudiar su contenido. De hecho, su elaboración no es fácil. Las autonomías participan en la renovación del Alto Tribunal gracias a la reforma de la Ley Orgánica del Constitucional que establece, en su artículo 16.1, que los magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos de las comunidades "según el reglamento".

REFORMA La reforma posterior del reglamento introdujo un apartado (184.7) que establece que el presidente del Senado comunicará la apertura del plazo para presentar las candidaturas a las asambleas autonómicas, que podrán presentar hasta dos candidatos en ese plazo, y que la Comisión de Nombramientos del Senado elevará al pleno una propuesta "con tantos candidatos como puestos, que deberán haber comparecido previamente".

Es decir, ni la reforma de la LOTC ni el reglamento del Senado especifican si siguen siendo válidas candidaturas presentadas hace dos años y medio, y tampoco establece plazo alguno ni aclara qué hacer si, como es el caso, se han renovado dos parlamentos autonómicos --Galicia y el País Vasco-- en ese tiempo. Los letrados deberán también pronunciarse "a ciegas" sobre la variación de las circunstancias profesionales de alguno de los candidatos, puesto que ni la citada ley ni la normativa del Senado marcan incompatibilidades.

En estos dos años y medio, dos de los candidatos de las comunidades han pasado a ocupar puestos que, en principio, les impedirían formar parte del TC: Ángel Juanes, propuesto por el parlamento andaluz y nombrado el pasado 26 de marzo presidente de la Audiencia Nacional, y Juan Carlos Campo, candidato extremeño y ahora secretario de Estado de Justicia.