La investigación judicial de la línea 1 del tranvía de Zaragoza, una obra a precio cerrado gestionada por un consorcio que construyó el trazado y ahora explota la línea, ha causado sorpresa por el fondo y por la forma. El proceso intentará determinar por qué se facturaron supuestamente unos trabajos previstos que a la postre no se ejecutaron. Después de diversos intentos de cuestionar el proyecto en este extremo, de repente la polémica vuelve a abrirse. Han llamado la atención los siguientes factores:

1) Una denuncia de un particular sin que se conozcan muy bien los motivos que le llevaron a presentarla poco antes de las elecciones locales de mayo.

2) Un abogado que además de representar al querellante es letrado de referencia en asuntos en que se ha personado el PP.

3) Un portavoz popular, Eloy Suárez, que ya intentó que la materia que hoy se intenta sustanciar en los juzgados fuera objeto de una comisión de investigación municipal que decayó con los votos de PSOE, de CHA y de IU.

4) Una coalición, ZeC, participada por Izquierda Unida, que hoy reacciona desde el Gobierno municipal con gran publicidad a la petición de información de la Fiscalía cuando en marzo IU rechazaba la antedicha comisión.

5) Una solicitud de información al ayuntamiento que llega seis meses después de presentarse la querella y a un mes de las elecciones generales.

Hay quienes ya han sacado sus propias conclusiones. Puede que sea pronto. Aunque no lo es para reclamar que el caso se esclarezca cuanto antes. Para que se castigue lo que proceda, si hubiera causa, o para zanjar el asunto y no dañar la credibilidad del anterior equipo municipal socialista y de las empresas del tranvía.