Los propietarios de VPO no logran entender las decisiones que ha tomado el Gobierno central en materia de vivienda protegida a lo largo de esta legislatura. Además de suprimir las denominadas ayudas de subsidiación, elevando una media de 70 euros la cuota mensual a miles de hipotecados, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha modificado al alza los tipos de interés de las VPO. Una medida que ha afectado a todos los dueños de este tipo de pisos salvo a los del plan estatal 2009-2012, que ya estaban vinculados al euríbor. Como cada año, el Ministerio de Fomento deberá decidir durante el primer trimestre si los vuelve a subir. Y todo en un escenario en el que el índice al que están referenciadas la mayoría de hipotecas en España (el euríbor) se encuentra en mínimos históricos.
"Si los modifica al alza otra vez ya será el colmo; no tendría ningún sentido y sería un abuso para miles de familias", denuncia Fernando Herrero, de Adicae. En este mismo sentido se manifiesta el portavoz de la Coordinadora Nacional de Plataformas de Afectados por la Supresión de la Subsidiación, Ángel de Sancha, que recuerda que la mayoría de ciudadanos que compraron una vivienda de protección oficial lo hicieron porque era más accesible teniendo en cuenta su situación económica. "Por eso, aún es más ilógico que los haya subido durante la crisis", critica.
El que se llevó una desagradable sorpresa cuando tuvo que revisar su hipoteca en junio del año pasado fue David. Este zaragozano de 42 años llevaba varios meses escuchando que el euríbor no dejaba de caer, por eso aún se enfadó más cuando comprobó que su cuota mensual se había encarecido en más de 10 euros. Su caso no es excepcional, ya que en España hay más de medio millón de propietarios de VPO (unos 30.000 en Aragón) y la gran mayoría no se están beneficiando de la imparable caída del euríbor. "En la práctica es como una cláusula suelo porque los tipos fijos de las VPO rondan el 3% y el euríbor cerró 2014 en el 0,328%", lamenta Herrero.
EN TORNO AL 3%
En concreto, el interés de las viviendas acogidas al plan 2002-2005 pasó el año pasado del 2,76% al 2,97% y del 2,78% al 2,98% en las del 2005-2008. En el caso del programa más antiguo, de 1992 a 1995, se subió hasta el 2,96% y en el de 1998-2001 se fijó en el 3,05%. Lo peor, apunta Herrero, es que el incremento del año pasado no fue el único, ya que el ministerio ya los subió en el 2012.
Para muchos propietarios de VPO, más gravoso aún que la subida de tipos ha sido la eliminación de la bonificación que recibían de Fomento de una parte de la cuota mensual. Desde 1998 y hasta el 2012, todos los dueños de vivienda protegida podían solicitar en el momento de la compra una ayuda que el Estado les otorgaba al tener ingresos limitados por un periodo de cinco años, pero prorrogable a cinco o diez más. Una subsidiación que rondaba los 70 euros para la mayoría de hipotecados, aunque podía superar los 300 si se trataba por ejemplo de una familia numerosa.
El Gobierno suprimió primero estas ayudas en julio del 2012 para los propietarios del plan 2009-2012, pero un año después extendió la eliminación a los programas anteriores. Un cambio normativo que ha afectado a unas 300.000 familias en toda España (salvo País Vasco y Navarra, que tienen regímenes propios). "Han cambiado las reglas de juego a mitad del partido y lo peor es que mucha gente contaba con esa ayuda para pagar su piso porque en su día les dijeron que seguirían recibiéndola si aún cumplían los requisitos", critica De Sancha.
A efectos prácticos, esta modificación legislativa supone que muchas familias deberán pagar como mínimo 50 euros más al mes en su cuota hipotecaria y, además, continuarán estando sujetos a las mismas obligaciones que cuando compraron la VPO como no poder venderla o alquilarla antes de diez años.
FUERA DE PLAZO
Tras las recomendaciones del Defensor del Pueblo y las sentencias judiciales que han fallado en contra de la decisión del Gobierno de no renovar las ayudas, Fomento anunció el pasado verano que aceptaría las solicitudes de renovación que se presentaron hasta junio del 2013, lo que beneficiará, apunta De Sancha, al 60% de los 300.000 afectados. En Aragón hay 679 propietarios de VPO en esta situación de espera, según informaron desde la consejería de Obras Públicas de la DGA.
Para los que solicitaron la prórroga después de ese plazo no va a ser fácil cobrar las ayudas. Están sujetos a la decisión que debe tomar el Tribunal Constitucional tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE, un pronunciamiento que tardará años en llegar. Con todo, la plataforma nacional de afectados aconseja reclamar el subsidio por la vía contencioso administrativa, caso por caso.
