El Tribunal Supremo dio anteayer carpetazo a la batalla judicial emprendida por la Asociación Pública en Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) contra la catalogación parcial de la antigua factoría Averly. Un nivel de protección que estableció en su día el Gobierno de Aragón en el 32% y que dejaba fuera las naves que desde hace un año están ya demolidas. A efectos prácticos, ya no iba a evitar unos hechos consumados, pero su resolución avala la decisión de la DGA y pone punto y final a un litigio de más de cuatro años.

El Alto Tribunal desestima el recurso de casación solicitado por Apudepa porque en el escrito presentado «no se ha fundamentado suficientemente que concurra alguno de los supuestos que permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo». Es decir, el último cartucho que le quedaba se zanja sin que los magistrados se ponuncien siquiera sobre el fondo de la cuestión. «Y sin que, a efectos de este trámite de admisión, puedan tomarse en consideración las manifestaciones contenidas en el escrito presentado por la parte recurrente con fecha de 27 de abril del 2017». Así se resume en una diligencia de apenas dos folios que da carpetazo al litigio.

«BUENA NOTICIA» // Esta breve resolución judicial no impide que le imponga el pago de las costas a la parte recurrente, Apudepa, por valor de 3.000 euros, «1.500 euros para las representaciones procesales de Neurbe Promociones», dueña del suelo y promotora que quiere levantar 200 pisos en ellos, y «750 euros» para las de la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Hasta ahí el dictamen de los magistrados que, lógicamente, ha dado paso a reacciones muy diferentes entre las partes enfrentadas. Por un lado, la constructora, del Grupo Brial, celebraba esta «buena noticia» porque aparte de poner punto y final a cuatro largos años de pulso en los tribunales por la catalogación de la propiedad, aseguró que «se demuestra que en este tema siempre se ha cumplido escrupulosamente con la ley y se ha zanjada un asunto meramente administrativo». «Es la demostración clara de que todo se hizo bien», reiteró.

Para Apudepa, la lectura es radicalmente distinta. Carlos Bitrián, portavoz de este colectivo, lamentó «que el Tribunal Supremo no vea interés en defender la conservación del patrimonio». De hecho, añadió que esta derrota en los tribunales responde a un «desprecio» por ese legado histórico que existía en el paseo María Agustín de Zaragoza. «Pero no vamos a parar de trabajar en este y otros muchos temas y estamos muy orgullosos de todo lo que ha sido nuestra lucha», apostilló.

Así, aunque dejó entrever que «hay instancias superiores a las que es difícil acceder para Apudepa», el litigio muere en la resolución del Alto Tribunal. Y toca analizar qué es lo que ha fallado: «Falla la sociedad. A los voluntarios que reclamaban la protección de Averly no se nos puede pedir más. Nos han fallado las instituciones, tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza, y los medios de comunicación». Todos menos ellos mismos. «El derribo fue triste, pero también lo es ver cómo actúa el capital», concluyó.

Mientras, desde el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) manifestaron que «esta sentencia tenía poco valor ya». Así lo estimó el responsable de Urbanismo, pablo Muñoz, que capitaneó las negociaciones con Brial para intentar evitar la demolición de Averly para levantar viviendas, sin éxito. El derribo se producía en julio del 2016, hace ahora casi un año, y ese fue el carpetazo definitivo a la apuesta del partido que gobierna la capital aragonesa. «Su salvación no era una decisión jurídica sino política y el tripartito de la excavadora, es decir, el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos, decidió el año pasado que había que demolerlo», apostilló el concejal.

¿Y ahora qué? Eso es lo que se llevan preguntando tanto los partidos políticos como las entidades vecinales desde que las máquinas acabaron con parte de esta factoría. Para la promotora, la respuesta es sencilla: «Culminar la tramitación que resta cuanto antes porque nuestra intención es comenzar la construcción de los pisos en el 2018».

Eso depende de su celeridad en presentar los proyectos de urbanización y constructivos para solicitar la licencia de obra. Y la que tenga el consistorio en aprobarlos y conceder los permisos. Al fin y al cabo, en el mejor de los casos los trabajos comenzarán cuatro años más tarde de lo que previeron cuando compraron los suelos a la familia Hauke, a finales del 2012. Desde entonces, y desde que se dio a conocer la noticia de la compra, publicada por EL PERIÓDICO en abril del 2013, empezaron los problemas para sus planes y, ya en ese año, la batalla judicial.

PLAN ESPECIAL / En principio, se sigue discutiendo con el ayuntamiento la configuración de los volúmenes de los pisos para encajar 200 viviendas en el suelo disponible. Pero lo primero es la aprobación definitiva del plan especial con esa urbanización que, aún hoy, sigue sin estar definida.

Pero la patata caliente también está en el tejado del ayuntamiento. Un año después de la demolición, no se ha movido ficha para estudiar o recibir propuestas sobre la actividad que pueden albergar los edificios que sí están catalogados y que se incluyen en ese 32% que la DGA protegió. Entre ellos, la propia residencia de la familia Hauke cuando quede libre para su reconversión en equipamiento público. O la intervención necesaria en la zona verde, que también pasará a sus manos con el proyecto.

Son más de 4.000 metros cuadrados los que el Gobierno aragonés decidió proteger del derribo (incluía ya la residencia, el jardín y la verja y lo amplió a la nave de ajustes y las oficinas de la empresa) en diciembre del 2013. Y el Tribunal Supremo no ha alterado ni una coma de lo que antes sentenciaron los tribunales en primera instancia y en el Tribunal Superior de Justicia. La última vez, a finales del 2016.

Ahora es el ayuntamiento y Brial quienes deben ponerse de acuerdo para que el solar no se conserve vacío durante mucho tiempo, ya que si la promotora aseguraba hace cuatro años que en otoño del 2014 iba a iniciar la comercialización de los pisos, ahora tampoco tendría mucha excusa para aparcar el proyecto. Y el consistorio tener listo otro para sus espacios.