Todo apunta a que un mínimo de diez aulas se verán afectadas por la supresión del concierto educativo. Al menos, esa es la cantidad que, según la patronal de la escuela concertada, se baraja desde la DGA de cara a la reducción de conciertos anunciada ya por la Administración y expuesta en el acuerdo entre PSOE y Podemos para sacar adelante los presupuestos de la comunidad. En todo caso, Educación asegura que no existe todavía una cifra concreta de supresiones aunque esa decena correspondería a clases con una demanda insuficiente para mantener el concierto.
En las reuniones mantenidas ayer entre la consejera de Educación, Mayte Pérez, el secretario técnico del departamento, Felipe Faci, y el director general de Planificación Educativa, Ricardo Almalé, con los representantes de la patronal y del sindicato docente FSIE, no se abordó, según las partes, las 28 aulas que, como máximo, deben cerrarse según el acuerdo entre socialistas y podemistas y Educación apeló a que la decisión final acerca de la cantidad de aulas a las que no se les renueva el concierto se tomará «de acuerdo a criterios objetivos», si bien no especifica a cuáles se refiere. De hecho, la Administración asegura que el estudio que se está llevando a cabo para determinar esta cuestión todavía no ha concluido.
ADMISIÓN
En todo caso, la cuestión ha de establecerse antes del inicio -presumiblemente a finales de abril- del periodo de admisión de cara al próximo curso. Porque Educación quiere que las familias conozcan la oferta definitiva de aulas concertadas antes de formalizar la solicitud de escolarización de sus hijos para que no haya alumnos que se queden fuera.
Así pues, esas diez aulas que estarían amenazadas de cierre se antojan un mínimo indiscutible, si bien la patronal rechaza esta medida y exige al departamento esperar a que se lleve a cabo la entrega de solicitudes antes de tomar una decisión en este sentido. «Seguimos comprometidos en pedir que no se quite ningún aula porque existe demanda para ofertar todas las que actualmente cuentan con concierto, por lo que hemos vuelto a pedir que se saquen a oferta todas las aulas concertadas que existen en la actualidad y ejecutar accciones después, en función de la demanda», indicó José Luis Sampériz, secretario autonómico de Escuelas Católicas de Aragón, que recordó que este curso se recibieron solicitudes para las 2.900 plazas que ofertó la concertada.
La patronal, que admitió su «preocupación» y apeló a la «prudencia», mantiene abierta la opción de acudir a los tribunales en función de la decisión que se adopte, si bien subrayó su intención de «agotar la vía del diálogo». Ambas partes volverán a reunirse la próxima semana.
El encuentro de ayer, con ciertos momentos de tensión, se produjo aparte del que los representantes del departamento mantuvieron con FSIE, al que también trasladó la necesidad de «racionalizar» la oferta de conciertos de cara al próximo curso debido sobre todo al bajón demográfico, si bien tampoco concretó qué unidades se suprimirán ni en qué zonas.
Pero el departamento sí se comprometió a que no habrá despidos y que los profesores de esos colegios donde se suprimirán los conciertos serán reabsorbidos por el propio centro. «La reunión no nos ha dejado tranquilos del todo porque, aunque se garantiza la recolocación, no es suficiente si esa medida no se acompaña de otras», expuso Carlos Martín Tartaj, secretario general de FSIE en Zaragoza.
El sindicato calcula que más de 200 puestos de trabajo podrían estar amenazados en caso de que se cierre una decena de aulas concertadas.
