El duro pulso entre los controladores aéreos y el Gobierno se desplaza al frente judicial. Doce controladores se negaron ayer a declarar ante el fiscal de Madrid acogiéndose a su derecho constitucional y reivindicando su condición de militares. A su vez, el sindicato USCA recurrió ante el Tribunal Supremo los dos decretos con que el Gobierno militarizó el espacio aéreo y declaró el estado de alarma. La fiscalía pedirá hasta ocho años de cárcel para los instigadores de la huelga.
La Fiscalía de Madrid aceptó el envite y ha citado a otros 14 controladores para que comparezcan mañana y el lunes. En el caso de que tampoco respondan a las preguntas, la fiscalía remitirá sus diligencias a un juzgado de instrucción "para no perder el tiempo". Ayer llamó a los primeros técnicos que el viernes por la tarde abandonaron su puesto de trabajo y se fueron a un hotel de Madrid que la USCA había reservado la tarde anterior. Los controladores acudieron al llamamiento del fiscal acompañados por sus abogados, ya que declararon en calidad de imputados. Sin embargo, sus comparecencias se resolvieron en una hora.
DERECHO CONSTITUCIONAL Los técnicos aéreos, según el fiscal jefe provincial de Madrid, Eduardo Esteban, se acogieron a su derecho constitucional a no declarar, se reservaron para comparecer ante el juez y recordaron que tras la decisión del Gobierno de movilizarles son militares y en su opinión deben comparecer ante un juez militar. La fiscalía no se arredró y hoy ha convocado a otros seis técnicos, y el lunes, a ocho.
La Fiscalía de Madrid ha sido la primera en actuar porque en esta comunidad se produjo el mayor número de abandonos. La Policía y la Guardia Civil han informado a los fiscales de que en la tarde del viernes abandonaron sus puestos unos 50 controladores en Barajas y en Torrejón de Ardoz y que solo se quedaron los técnicos necesarios para atender las situaciones de emergencia, como aviones que no tenían suficiente combustible para aterrizar en otros aeropuertos o aviones sanitarios.
Los controladores se acogieron al artículo 24 del reglamento, que les faculta y obliga a no seguir trabajando si no están en condiciones físicas y psíquicas para hacerlo. Los técnicos firmaron una declaración jurada en la que aseguraron que no podían permanecer en sus puestos por el estrés que les había provocado la aprobación del decreto sobre su horario de trabajo y por la presencia de los militares, según fuentes fiscales.
La Fiscalía de Madrid está a la espera de un informe policial para identificar a los organizadores de la huelga salvaje. La investigación es compleja, ya que es necesario adoptar medidas restrictivas, como la intervención de comunicaciones, para analizar quién dio la orden a los 174 huelguistas de Barajas .
AENA dijo ayer que 440 controladores abandonaron sus puestos de trabajo el viernes y el sábado pasado. "Ante ese abandono masivo y para garantizar la seguridad del tráfico aéreo --afirmó en una nota--, AENA tuvo que ir reduciendo paulatinamente la actividad hasta llegar al cierre total".
El ente hizo esta aclaración ante las acusaciones del portavoz del sindicato USCA, César Cabo, quien había asegurado que "se podía haber seguido volando", si bien no "en las mismas condiciones que un día normal".
