El tribunal certifica la corrupción que 'picó' La Muela

La sentencia era esperada, como primer gran caso de corrupción aragonés, pero el proceso no acaba aquí, ya que varias defensas, encabezadas por la de Pinilla, ya anunciaron recursos.

El minucioso análisis del tribunal, que condensa 48.000 folios de instrucción y tres meses de vista en poco menos de 600 páginas, exonera a seis acusados sino y absuelve los condenados de un buen número de delitos. Lo ejemplifica la exalcaldesa, que ha pasado de 35 años potenciales de cárcel a 17, y a nivel general se ha pasado de 148 a 100 años.

Curiosamente, los hechos que finalmente se dan como probados apenas difieren de los que reflejaba la Fiscalía, aunque con otras conclusiones.

ARANADE

El arranque del relato de la sentencia es prometedor: «El proceso de corrupción urbanística que durante más de una década afectó al ayuntamiento zaragozano de La Muela» se gestó con la constitución, en 1997, de la Sociedad Urbanística de La Muela (SULM), presidida por la exalcaldesa. «Sin acuerdo previo ni delegación al Consejo de Administración», designó a la empresa Aranade, con Julián de Miguel al frente, para gestionar el boom inmobiliario con un 10% de comisión en los proyectos.

De Miguel, entre 1998 y el 2007, «como consecuencia de los favores prestados», fue entregando a la familia de la entonces alcaldesa dinero en metálico y pago de gastos por valor de unos 2,8 millones de euros, además de otras dádivas como el abono de 885.000 euros del pago de unas naves, viajes (como uno de 24.000 euros a Montevideo y Río de Janeiro) o un picadero.

Además, la entrada del matrimonio compuesto por Pinilla y Juan Antonio Embarba Laborda en el accionarado de Tudela Inmobiliaria y Gestión -de De Miguel y sus hijos, Julio y David- les reportó otros ingresos, de hasta 1,2 millones en una venta a la empresa Brocover.

Este dinero fue reinvertidos por la familia en sus negocios, compras de inmuebles -como la casa de República Dominicana-, coches y viajes. Y la mayoría de estos pagos con dinero ilícito generaron delitos de blanqueo de capitales por los que han sido condenados la mayoría de los componentes del clan Pinilla. También los empresarios Laureano Pablo Gimeno y Antonio Gimeno Melús, de la Inmobiliaria El Raso, a la que el matrimonio compró casas y garajes, condenados por no tributar por el precio real de estas ventas.

Parte de este dinero era ingresado en la sucursal de Cajalón de La Muela, cuyo director, Alberto Lozano, consintió el «aluvión de opacos ingresos», a menudo fraccionados en pagos de menos de 3.000 euros. El director ha sido condenado por blanqueo por imprudencia, ya que no está probado que conociese el origen ilegal del dinero.

El tándem Pinilla-De Miguel gestionaba el desarrollo de zonas de expansión como Urcamusa Norte o el polígono Centrovía, para beneficio mutuo y de los empresarios afines.

OPERACIONES

En varias ventas de terrenos, bien a precio más bajo del real, o sin concurso público, o ambas, participó como comisionista el también exalcalde Carmelo Aured, primo de Pinilla. No le condenan por ejercer presiones -no está probado-, pero sí por ocultar estas comisiones millonarias al fisco y camuflarlas en un caso con facturas falsas de José Miguel Mosteo Melús. Carmelo contaba con el asesoramiento de su contable, Antonio Puyadas, y testaferros como Miguel Ángel Horta.

Las reccalificaciones reportaron grandes beneficios a empresarios como Julio Herrero Valdecantos y Vicente Rodrigo López (de Nuevos Hogares), destacados en cuanto a condena por las múltiples veces en que los ocultaron a Hacienda.

También participaron en ellas el directivo de Sagain, Iñaki Unsain -colaborador en algún camuflaje de Carmelo Aured- y su «apoderado verbal» Patxi Aramburu, que cometió tráfico de influencias al presionar para que una recalificación entrase a la comisión de Ordenación del Territorio.

Esta operación llegó precedida de insistentes llamadas de Pinilla a distintos altos cargos de la DGA, como Alfredo Boné o Carlos Escó. No así en el caso del absuelto vicepresidente de la Comisión de Ordenación del Territorio, Carlos Martín Rafecas, que ni presionó ni se dejó influir.

Para que la operación saliera adelante Pinilla sí echó mano de un informe que falseaba el estado de las obras, del arquitecto municipal, Francisco Núñez.

Tanto él como el secretario, Luis Ruiz, figuraban a menudo en las acusaciones por sus informes, pero solo Núñez ha sido condenado por este. Sí son culpables de constituir la sociedad Castelnovo con Aured y otros socios, sabiendo que como funcionarios municipales no debían hacerlo.

Tampoco debía Pinilla haber resarcido a los empresarios de Brocover, los hermanos José Carlos y Domingo Fernández Delgado, con 250.000 euros en una bolsa de Carrefour. Fue por el retraso en la recalificación de los terrenos por los que presionó.

El mando de la exalcaldesa tuvo su paradigma en la rescisión del contrato de gestión del servicio de saneamiento y su adjudicación, con un concurso simulado, a la empresa Nuevas Tecnologías del Agua, de Antonio Fando.

Esta alcaldada contó con la connivencia de los concejales Fernando Barba y Juan Carlos Rodrigo Vela, quien se llevó dinero hinchando facturas tanto con Fando como con el empresario Luis Mariano Montori. Fando, además, simuló haber realizado obras para que el consistorio cobrara una millonaria subvención del Instituto Aragonés del Agua.

REGALOS

Parte de estos ingresos los destinó Pinilla a pagar comidas y regalos para los suyos, o la secretaria de José Ángel Biel, con la colaboración de Barba. También con su aquiescencia y la de Rodrigo Vela adjudicó fraudulentamente el contrato de una fallida pasarela sobre la A-2, pero el constructor Emilio París no pagó nada por ello y ha sido absuelto.

En la misma línea adjudicó el amueblamiento de un centro de salud a su amiga Loreto Ormad, o contrató viajes para el pueblo sin concurso alguno.