El magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza desestimó ayer adoptar la medida cautelarísima que la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) solicitó para paralizar el derribo de los edificios no catalogados ni protegidos de Averly. El colectivo también pedía la urgente paralización de la demolición que comenzó el jueves a primera hora de la mañana. Según el auto que emitió ayer el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), el magistrado deniega las circunstancias alegadas pero no la petición solicitada, por lo que convoca a las partes a una comparecencia en la que se analizará la solicitud de medidas cautelares el próximo miércoles. Desde Zaragoza en Común (ZeC) consideran que deben ser "PSOE, PP y Ciudadanos" los que declaren.

Apudepa presentó el jueves en el Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza, en funciones de guardia, un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del consejo de Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de la ciudad del 22 de junio en el que se aprobó la licencia de derribo de cuatro naves industriales y cobertizos no catalogados ni protegidos de la antigua fundición. El juez argumenta en primer lugar que el acuerdo fue adoptado hace un mes por lo que tendría que haberse presentado con anterioridad, no en el momento en el que Brial comenzó el derribo.

Además, señala que el TSJA ya "adoptó la misma medida cautelar" en el 2014. Para el magistrado "es volver a pedir lo que ya se obtuvo hace dos años y que se dejó perecer" ya que el colectivo no aportó la caución al efecto fijada en un millón de euros. En el auto, alude en su resolución a la figura del abuso de derecho.

El magistrado aclara que el rechazo de la urgencia no supone que se deniegue la solicitud de medida cautelar que se debe tramitar.