El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) emitió ayer un auto en el que deniega la medida cautelar solicitada por el Ayuntamiento de Zaragoza para dejar en suspenso la orden relativa a la transferencia de la información necesaria para el cobro del Impuesto de Contaminación del Agua (ICA). Es decir, el consistorio zaragozano deberá, a partir de ahora, ofrecer la información del padrón de todos los zaragozanos al Gobierno de Aragón para que pueda proceder al cobro del recibo del ICA. La respuesta del alto tribunal aragonés supone un nuevo varapalo para Zaragoza en Común (ZeC), que ahora analizará el auto para ver si todavía pueden oponerse.

La orden que sigue adelante con este auto --emitida de forma conjunta por los consejeros de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, y de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona-- regula la transferencia de información que deben proporcionar las entidades suministradoras de agua al Instituto Aragonés del Agua (IAA) para la gestión del ICA.

En el auto, el TSJA establece una clara distinción entre el recurso presentado por el ayuntamiento y el proceso que se ha iniciado también ante el Tribunal Constitucional, con el recurso de inconstitucionalidad del cobro del gravamen presentado por el consistorio esta misma semana, ya que se dilucidan cuestiones diferentes. Según el Gobierno de Aragón, la petición de suspensión ante el TSJA, donde se dirime sobre la orden del departamento de Desarrollo Rural, no se puede justificar con la acción ante el Constitucional, donde la duda se refiere a la autonomía local.

PERJUICIOS El tribunal añade, además, que "es de significar que la parte actora (el ayuntamiento) no expresa ni acredita los concretos perjuicios que se le generan con la inmediata ejecución de la orden". De este modo, considera que es mayor el perjuicio que causaría a la hacienda autonómica la medida de suspensión que el pretendido perjuicio a Zaragoza, que en ningún caso derivaría de la orden recurrida, ya que solo regula la transferencia de datos de las entidades locales a Hacienda.

El Gobierno municipal insiste en que con el cobro del impuesto se atenta contra la autonomía local y se niega "el esfuerzo inversor" realizado por la ciudad, que "ya ha invertido más de 300 millones en la depuración de sus aguas desde hace años". Desde el Gobierno de Aragón insisten, sin embargo, en que al girar el impuesto a Zaragoza se logra la "igualdad" de todos los aragoneses, porque el resto de municipios ya lo están abonando, independientemente de que tengan depuradoras o no.

El portavoz de ZeC y responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, recalcó que van a estudiar "a fondo" el auto "para ver si podemos oponernos". Muñoz expresó que, de realizarse el cobro, "se produciría una injusticia que, aunque no sería irreversible porque podría devolverse el dinero, sería muy complicado". Aún así, reconoció que "aunque no nos guste la resolución, la acatamos como no puede ser de otro modo" y manifestó que "seguirán explorando todas las vías posibles para defender los intereses de los zaragozanos".