El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, contestó ayer la consejera de Educación, Mayte Pérez, que los autos que obligan al Ejecutivo a ofrecer las aulas de los colegios privados que decidió no concertar son «medidas cautelares» para «salvaguardar los derechos de todas las partes en litigio». Bellido respondió a las declaraciones realizadas el lunes por Pérez en las que aseguraba que estos autos «deslegitiman la autonomía y la competencia del Gobierno en defensa del interés general y de una planificación educativa que es lógica», además de «maniatar» a la Administración y sumir al Ejecutivo «en un estado de indefensión absoluta».

Según el presidente del TSJA, estas medidas «adoptadas con urgencia» tienen como objetivo «evitar que se pueda lesionar, de forma irreversible, un derecho tan fundamental como es el de la libertad de educación».

Además, señaló que las cautelares son medidas ordinarias en cualquier proceso y que los magistrados han expresado «reiteradamente» que estas tienen vigencia hasta que la consejera resuelva los conciertos educativos, «ya que la decisión de excluir las unidades de los centros concertados no corresponde al servicio provincial de Educación, sino a la propia consejera». «Según nuestra Constitución, todas lasAdministraciones públicas están sometidas a la Ley y al Derecho y están obligadas a cumplir las resoluciones de jueces y tribunales, garantes de los derechos fundamentales y últimos intérpretes de nuestro ordenamiento jurídico», recordó Bellido a la consejera.

Ayer, los juzgados de lo Contencioso Administrativo número 1 y 4 de Zaragoza dictaron dos nuevos autos resolviendo los recursos presentados por los colegios San Antonio de Padua y La Anunciata. Con ellos, son ya 12 los autos dictados por los juzgados Contencioso Administrativo de Zaragoza en los que se ordena a la Administración que incluya, en la oferta de escolarización las mismas aulas que los colegios concertados mantenían en el curso anterior. Para ello conceden a la Administración y al Ministerio Fiscal un plazo de tres días para que presenten sus alegaciones.

Los juzgados han dictado medidas cautelares solicitadas por los colegios Virgen de Guadalupe, La Salle Montemolín, Sagrado Corazón de Jesús, Cristo Rey, Marianistas, Teresiano del Pilar, Santa María de la Esperanza (Pina de Ebro), Jesuitas, María Auxiliadora y San Gabriel, de Zuera. Solo Santo Domingo de Silos no ha presentado recurso todavía, aunque todo apunta a que lo hará.

REACCIONES // Ayer, PP, PAR y C’s se pronunciaron sobre las quejas de la consejera. Así, el diputado del PP Fernando Galve lamentó el «escaso respeto» por las decisiones judiciales de Mayte Pérez. «Da la sensación de que el Gobierno de Javier Lambán acata y respeta las decisiones judiciales en función de si le gustan o no, en este caso al amparo de derechos fundamentales», dijo.

La portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Susana Gaspar, aseguró que aunque no serán ellos quienes pidan ahora la dimisión de la consejera, sí que reclamarán «responsabilidades» al departamento si finalmente los tribunales dan la razón a la concertada. Para ella, las medidas cautelares impuestas demuestran que «por lo menos hay dudas» en la decisión pactada entre PSOE y Podemos en la negociación presupuestaria y opinó que las declaraciones de Pérez «no ayudan sino que alientan el enfrentamiento» entre pública y concertada.

La diputada del PAR, María Herrero, calificó de «bastante desacertadas» las declaraciones de la consejera y le exigió un respeto «máximo» a la Justicia en todos los casos «y no solamente cuando opina lo que tú quieres».