La Unidad de la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional pidió ateayer al juez José Ignacio Martínez que expidiera un mandamiento judicial a Acciona Infraestructuras para que entregara la totalidad de la documentación relacionada con el proceso de adjudicación en los proyectos de construcción de Plaza, tanto en la primera como en la segunda fase. Algo que aceptó de forma diligente el magistrado zaragozano, por lo que ayer por la tarde agentes de esta brigada se personaron en la sede de esta constructora en Madrid para presentar esta solicitud. En el caso de no hacerlo, el Cuerpo Nacional de Policía solicitó que se pueda realizar una entrada y registro dentro de Acciona, pero también en las oficinas centrales de Plaza, en Zaragoza. Los agentes quieren realizar una búsqueda e intervención de las citadas facturas y libros de subcontratación. La UDEF y Fiscalía Anticorrupción miran ahora a las empresas que conformaron la UTE por si pudieron incurrir en alguna irregularidad. De confirmarse, podrían llegar a ser imputadas en este caso. Lo serían de forma individual, ya que una unión temporal de empresas no tiene personalidad jurídica. Esta situación supondría un duro varapalo para Acciona, debido a que participa en el Ibex35 y sus títulos bursátiles podrían verse suspendidos de cotización de forma temporal. Las implicación de esta constructora destaca a la hora de defender a sus dos directivos imputados, José María Jordán y José María Bretón.
