Con todos los pronósticos en contra, el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) lanzó ayer una última propuesta política para impedir la instalación de comercio minorista en los suelos de Pikolín de la carretera de Logroño. Lo que persigue es un plan especial para Torre Village, iniciativa impulsada por la empresa Iberebro, en el que no tenga cabida la venta de ropa, de material informático, de juguetería o de ocio en general. O más concretamente excluir del acuerdo que se vota mañana en la Comisión de Urbanismo esos «otros usos comerciales» que cita el texto aprobado inicialmente. Todos ellos representan lo que el equipo de Gobierno quiere impedir y que se han incorporado al expediente tras la fase de alegaciones. Así que no se vota ratificar el acuerdo de mayo del 2015 --que apoyaron PP, PSOE y Chunta-- sino una distinta, que hace suya ZeC y que añade prescripciones a la inversión privada.
Sería, en caso de que fructificara, un macrooutlet en Pikolín en el que cupieran todos los usos planteados menos, precisamente, los del outlet. Piedra angular, por otro lado, para hacer viable el proyecto. ZeC ha dado la vuelta al expediente para plantear a los grupos políticos otra propuesta en la que, además, se le exigiría a Iberebro colocar pantallas acústicas para mejorar el aislamiento del ruido; habilitar un servicio «colectivo, privado y discrecional» de autobús para que sus clientes no tuvieran que hacer uso del transporte público y saturarlo; y garantizar la seguridad de la construcción en un terreno con una importante presencia de dolinas en el subsuelo (aunque hay informes geotécnicos que aseguran que no hay peligro, se insiste en que este tipo de usos no son recomendables).
COMERCIANTES EN CONTRA
A cambio, si se desprende del comercio minorista en el proyecto de inversión, la empresa ya no tendría que abonar el 10% del aprovechamiento por unos suelos que, con los nuevos usos autorizados (todos menos el comercio minorista), apenas variarían su valor con respecto al actual. «No se lo pediríamos porque no les estamos dejando hacer el outlet, pero en el caso de que se le permita, se lo exigiremos. Porque esto es algo que también se están negando a aceptar», aseguró el responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz.
Así se desprende del expediente que llega mañana a comisión y que también pone el acento en un hándicap detectado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Suyos son los más de 2.600 metros cuadrados de un terreno que se incluía en el ámbito de actuación propuesto para este plan especial y que Iberebro planteó excluir para proseguir con la tramitación. Ahora, los informes de los servicios jurídicos explican que el ámbito de actuación debe decidirlo el consistorio, no el promotor. Y el Gobierno entiende que debe hacerse de forma consensuada con Adif, dueño de parte de ese suelo para el que se elabora el plan especial propuesto.
LA FIGURA DE ALIAGA
Se trata de un intento a la desesperada para cambiar la intención de voto de alguno de los grupos municipales. Y que no esconde el factor ideológico de esta decisión: «Que hagamos inviable el outlet de Pikolín». Eso es, más o menos, lo que ayer le pidieron la mayoría de las catorce asociaciones de comerciantes que ayer se reunieron con él y con la responsable de Comercio, Arantza Gracia, para analizar este y otros temas. Todos menos los representantes de la CEOE.
Se trata de una propuesta de Gobierno que incorpora las alegaciones presentadas al expediente del plan especial y que sustenta el enésimo informe jurídico, que también asegura que hay que tener en cuenta a la hora de decidir todos los presentados antes, «también el del Instituto Municipal de Empleo (Imefez)» que, sin ser vinculante, aseguraba que se crearía un impacto perjudicial para el pequeño comercio.
Es un debate ideológico y social en el que cada parte mueve ficha. También Iberebro, que solicitó el pasado mes de septiembre al Gobierno de Aragón que la Dirección General de Industria (en la Consejería de Economía que dirige Marta Gastón) declarara a Torre Village proyecto de interés autonómico de inversión. Una consideración que se creó por decreto ley en el 2008, siendo Arturo Aliaga consejero de Industria, y que reduciría la tramitación administrativa a la mitad. El antídoto al bloqueo de ZeC.
