El Acuerdo Social para la Competitividad y el Empleo en Aragón (Ascea), que expira este año, se firmó el 7 de marzo del 2011, nueve meses después de la llegada del PP al Ejecutivo. Tanto los sindicatos UGT y CCOO como las patronales aragonesas, días antes de las últimas elecciones, hicieron balance del documento, al que definieron como "vacío de contenido y estéril en resultados".

Los interlocutores se quejaron de las escasas ocasiones en las que se convocaron reuniones. Mientras los sindicatos echaron en falta "voluntad de diálogo en general" y criticaron al Ejecutivo del PP por "anteponer la competitividad a las medidas de contenido social y de protección de las personas", los representantes de los empresarios lamentaron que el pacto "no haya tenido el mismo nivel de intensidad" que los de años anteriores. Asimismo, los agentes sociales y económicos dijeron sentirse "discriminados y abandonados" respecto a otras comunidades y quieren que por fin se reconozca su papel, a nivel institucional a través de la legislación, y económico, porque su participación activa en favor de los intereses de todos los aragoneses conlleva unos costes.