De las 24 leyes aprobadas en las Cortes esta legislatura, cinco tienen un carácter eminentemente social, más allá de que el resto compartan en su filosofía principios basados en criterios de igualdad y justicia social. Además de estas cinco leyes aprobadas, consensuadas en su mayoría con los grupos de izquierdas, hay actualmente a la espera de su tramitación y aprobación otras nueve. Esto convierte a esta legislatura en una de las más fecundas en cuanto a legislación social. Sin embargo, más allá de su aprobación, la duda está en el grado de ejecución y el éxito de aplicación de las mismas.

Las leyes sociales que se han aprobado hasta ahora son un decreto-ley sobre sobre «acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario», en mayo del 2016 y ese mismo año se apróbó una de las emblemáticas dentro del acuerdo PSOE-Podemos, la de reducción de la pobreza energética, cuyo desarrollo se está realizando a trancas y barrancas, en parte porque muchos beneficiarios desconocen cómo acogerse a las condiciones que ofrece la ley. En diciembre del 2016 también se aprobó una norma de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la comunidad autónoma de Aragón. En todo el año pasado, tan solo en octubre salió adelante la que regula los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos de Aragón.

Una de las iniciativas que iba a ser la estrella de la legislatura y que hoy está atascada y sin visos de prosperar, a pesar de que forma parte del acuerdo de investidura entre PSOE y Podemos, es la de la renta social básica. Las discrepancias de prácticamente todos los grupos con el Gobierno hacen que esta ley, en fase de ponencia, tenga que ser revisada prácticamente en su integridad para encontrar el consenso debido.

Pero no es la única que atraviesa con dificultades. O demoras. Eso sí, este primer semestre de legislatura será definitivo para ver cómo muchas de ellas salen adelante. Es el caso de Ley del Voluntariado, la de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género o la de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación -los grupos parlamentarios de las Cortes han presentado 81 enmiendas a este proyecto de Ley que fueron calificadas ayer por la mesa-, así como la de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Todas ellas serán enmendadas y pasarán a su posterior aprobación en los próximos meses.

Con todas ellas se cerrará el ciclo de una legislatura que pretende ser la que destaque por el contenido eminentemente social. De este modo se cumpliría un récord histórico de aprobación de leyes sociales en un solo año. Para ello basta con que los grupos tengan voluntad de acuerdo y se dé un acelerón en las Cortes.