El Gobierno aprobará a finales de año planes sobre el riesgo de inundación en las distintas cuencas, según anunció ayer la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Pero en el caso de la del Ebro, si se mantiene la actual tendencia gubernamental de priorizar las personas y los bienes, el plan tendrá que cambiar mucho.

Porque el borrador del proyecto que manejan el ministerio y la Confederación Hidrográfica del Ebro, fechado hace apenas dos meses, mantiene la orientación medioambiental que parecía regir hasta esta semana, fruto de la transposición de las normativas europeas. En sus 121 páginas, y su previsión de 120 millones de presupuesto para los próximos seis años --sin contar las compensaciones de seguros y los arreglos medioambientales de la CHE--, no hay una palabra de dragados. Más bien al contrario.

Las medidas que guían el completo informe están orientadas al respeto al río y la adaptación de las poblaciones al espacio natural, más que al revés. Postura que, por otro lado, defienden muchos expertos.

Así, en las guías europeas se contempla la incertidumbre de las avenidas --que aumenta con el cambio climático--, y la necesaria adaptación a las mismas. Incluso la promoción de inundaciones por la fertilidad y la posibilidad de usos lúdicos.

En los objetivos más concretos, el documento apuesta por el incremento de la percepción de riesgo, con campañas informativas a la población --se realizarían 54 hasta el 2021, cuando aún no ha habido ninguna--, y las estrategias de autoprotección locales. También por incrementar las medidas de coordinación de las administraciones y las de conocimiento del río y predicción, que hubiesen ayudado en el caso de esta última riada. Por ejemplo, prevé un incremento del 30% de los puntos de control y vigilancia del río, de 958 a 1.236.

Las medidas de actuación preventiva en el cauce que recoge el plan de prevención de riesgos se guían por el respeto al ecosistema. Según refleja, 244 de las 369 zonas clasificadas como de riesgo en la cuenca pertenecen a la Red Natura 2.000, y como tal estarían blindadas. Las actuaciones se concretarían más bien en medidas de retención natural del agua y regulación con embalses, aunque no nuevos.

Entre los puntos que más chocarían con la aparente nueva disposición del Gobierno estarían las de ordenación del territorio, tomando en cuenta la posible inundación como un elemento más del suelo a la hora de decidir su uso. Y fomentar infraestructuras que se recuperen fácilmente tras la inundación.