Zaragoza ha puesto en marcha el debate de la remunicipalización de los servicios en el silencio de una precampaña electoral y como respuesta a las insistentes peticiones de partidos como CHA e IU de estudiarlo, de los trabajadores de contratas ya externalizadas y con la incontestable realidad de unos datos económicos que no hacen sino acrecentar la deuda municipal con grandes empresas a costa de un beneficio industrial y unos costes añadidos cada vez más cuestionados en épocas de vacas flacas. Así que, aunque sea con una legislatura perdida para el debate y en el tránsito hacia una nueva corporación más fragmentada e incierta, la capital aragonesa al menos ya tiene fecha para emitir un juicio sobre esta posibilidad. Será en octubre de este año. Es el plazo fijado en el contrato menor suscrito esta semana con la Universidad de Zaragoza para realizar un análisis exhaustivo.
Son muchas las incógnitas acerca de un estudio que se prevé más técnico que político. En un escenario en el que, a día de hoy, Zaragoza cuenta con más de una veintena de contratos que superan el millón de euros, con grandes empresas a las que se les adeuda cifras tan abultadas como desconocidas. Y con pros y contras que nunca se han puesto a la vez sobre la mesa en la ciudad. Cada voz que ha salido proclamando una y otra fórmula ofrecen versiones fragmentadas y distorsionadas en base a unos lógicos intereses económicos o políticos, o ambos. Así que le corresponde al campus dar la visión técnica, y para eso se han destinado los 20.000 euros del contrato suscrito.
TRES DÉCADAS
Han transcurrido ya 33 años desde que se adjudicara a TUZSA la contrata del autobús. Por un número de años inimaginable en la época actual y con cláusulas económicas abusivas para los intereses municipales. Era otra época aquella. También la de los 90, cuando servicios como el matadero municipal pasaban a manos de Mercazaragoza --en ese caso para cumplir con la nueva normativa del sector-- o el mantenimiento de las zonas verdes se entregaba a una empresa.
Fueron servicios pioneros en un momento en el que, según los expertos, los ayuntamientos se veían con un enorme potencial de crecimiento a futuro, la imposibilidad de acometer inversiones millonarias de inmediato para mejorar sus equipamientos y servicios y resoponder a una demanda futura muy superior a la de entonces y que nunca llegó a ser la esperada. Así que se optó por un modelo de gestión externalizada en el que hoy se encuentran dos puntos débiles fundamentales: los elevados costes que representa el IVA y el beneficio industrial que llegó a superar el 15% en varios casos. Ahora el modelo está en crisis porque esa fórmula ha devenido en más deuda, más déficit y una irresistible sensación de que la gestión directa sería más barata para las arcas municipales.
Por citar un ejemplo, en el contrato de Parques y Jardines con FCC para el cuidado de las zonas verdes, solo el IVA y el beneficio industrial representa un 30% de los 10,5 millones de euros que cuesta. Eso ya, de inicio, se lo ahorraría la Administración. Ahora bien, tiene su contrapartida: ¿qué ocurriría con el personal? Desde las plantillas de las contratas se defiende una hipotética subrogación del personal como fórmula mágica de cambiar la externalización por la remunicipalización. Pero no es cierta. La contratación municipal debería pasar, tal y como esta la ley, por un proceso de libre concurrencia. Parece lógico.
También lo es que sus salarios, en algunos casos, se verían notablemente aminorados. Aprovechando las múltiples protestas realizadas en esta legislatura por el personal del bus y de los parques, el Gobierno municipal ya apuntó que sus salarios están muy por encima de lo que se les pagaría como funcionarios. Y lo cierto es que adecuar sus tablas salariales a las que presenta el consistorio para los empleados públicos requeriría de un descenso similar en muchos de ellos. Por no decir que, en los últimos años, se habría visto afectados por las reducciones salariales y la supresión de la extra del 2012 aplicadas por el Gobierno central. Más de un 20% han descendido los ingresos de un funcionario. Ellos dejarían de ser una excepción en este caso.
PROS Y CONTRAS
Pero también la Administración acabaría con la eterna espiral de crecimiento en la que se han convertido las contratas. Cada mejora salarial, cada mejora de un convenio, es una conquista para los trabajadores y aumenta los beneficios de la empresa. Si suben los salarios, a la empresa le corresponde más dinero. Por aquello del beneficio industrial. Así que mucha discusión pero la empresa nunca pierde en estas disputas. ¿Podría asumir el ayuntamiento, en el caso del transporte, una plantilla de mil trabajadores más? Habrá que ver las cifras de este estudio, pero desde luego no parece que los costes salariales sean los mismos para el consistorio que para Autobuses Urbanos de Zaragoza.
Las claves las aportará el trabajo del grupo Gespublica de la Facultad de Economía y Empresa. Será el encargado de analizar y comparar con otras ciudades de similar tamaño, de España y Europa. Pero de momento hay datos que ya son objetivos: Zaragoza podría gastar en torno a 40 millones de euros menos al año de IVA si gestionara los servicios externalizados. ¿A costa de qué? Eso es lo que hay que adivinar en seis meses.
