El mismo día que Zaragoza aprobaba la congelación generalizada de impuestos municipales para el 2018, aterrizaban en los hogares de la capital los primeros recibos del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) que gira el Gobierno de Aragón. Y las dos administraciones enfrentadas por él, la DGA y el ayuntamiento, evidenciaban nuevamente su enconamiento con este tributo autonómico. Un pulso en lo político que a punto ha estado de llegar a los tribunales y que tendrá a los ciudadanos como principales paganos, ya que es probable que acaben abonando hasta tres recibos en los próximos 14 meses. Por el retraso en un cobro que debía iniciarse en el 2016.

Los primeros llegaban ayer a los distritos de Torrero-La Paz, Las Fuentes y San José, con una carta de pago que podrán abonar antes del próximo 5 de diciembre, y una cuantía que oscilará entre los 32 y los 50 euros, aproximadamente. La siguiente remesa llegará en noviembre y la tercera y última, en enero.

SOLIDARIDAD // Ayer tocaba dar la cara ante el contribuyente zaragozano. Tanto el recaudador como el principal responsable de que, si nadie lo impide, pueda acabar pagando entre 90 y 150 euros en menos de año y medio, por un retraso que, según defendió el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, es culpa de una campaña agresiva, intencionada y que genera confusión en el ciudadano. «Lo que creo que es injusto e insolidario es que los zaragozanos no paguen. Es un impuesto que afecta a todos los aragoneses sin excepción, con finalidad ecológica, finalista y no para financiar la depuradora de mi pueblo», expuso.

Pero el alcalde de Zaragoza, pedro Santisteve, insistió en lo «injusto» del impuesto que «es fruto de la imposición» porque no ha habido diálogo, que obliga a los zaragozanos a «pagar pufos» de un Instituto Aragonés del Agua (IAA) «opaco y que nunca se ha planteado un debate público sobre si el modelo del agua ha funcionado o no». Y, mientras, Zaragoza contribuyó con 330 millones a su propia depuradora.

En opinión de Olona, dejar a Zaragoza fuera del sistema de tributación haría «inviable» ejecutar obras pendientes en la comunidad de pueblos que no podrían asumir con sus recursos propios. Este año recibirá de los bolsillos de la capital 10.161.000 euros de los más de 63 que recaudará en todo Aragón, pero llegarán a ser 12 más adelante, cuando el ayuntamiento le facilite todos los datos necesarios. Su objetivo, añadió, es disponer cada año de «70 millones de euros», 7 más que este año.

A la capital le toca pagar más de 30 en poco tiempo por ese pulso con el consistorio, porque adeuda 2016 -es el que se gira ahora- y 2017. Este último se espera enviar a los domicilios «en el primer semestre» del año próximo, solo 8 meses después del recibo enviado ayer y cinco de quienes lo reciban en la última remesa. De manera que, si sigue el calendario previsto, el tercero, el correspondiente al 2018 podría llegar a finales del año próximo. Aunque Olona también añadió que la DGA está dispuesta a hacer «un esfuerzo» para minimizar este impacto en los hogares, no aclaró cómo se puede suavizar.

5 MILLONES EN AYUDAS // Tampoco especificó si la capital aragonesa verá reinvertido en sus propias infraestructuras parte de lo que se recaude. «Ningún municipio pide un cupo de lo que paga», respondió Olona, quien consideró que el dinero se reinvierte en base a «prioridades» que marca el propio Ejecutivo aragonés y, en estos momentos, lo son más, por ejemplo, las depuradoras para el Pirineo, que la DGA quiere impulsar en el 2018 y que, para ello, necesita la recaudación de la capital.

El consejero expuso que los 63 millones anuales se dedican a otros proyectos necesarios, como los 5 millones en ayudas que se ofrecen este año a los consistorios, para los que ya han recibido «127 peticiones valoradas en 20 millones». Eso evidencia que son muchas las necesidades. Y que, en el caso de Zaragoza, tampoco sirve el argumento de decir que no debe pagar por haberse construido su propia depuradora. Olona aseguró que la exención del pago del ICA que se aplazó hasta enero del 2016 le ha evitado abonar «444 millones» a los zaragozanos, mientras el resto de Aragón abonaba 365. No es una doble imposición por el saneamiento, dijo, sino que «coloca a la capital en igualdad de condiciones con el resto de municipios», dijo.