Cientos de familias zaragozanas han denunciado que las hipotecas que contrataron para comprar sus viviendas contienen cláusulas abusivas. Cada uno de los 17 juzgados de Primera Instancia de la capital aragonesa ha recibido alrededor de un centenar de demandas de este tipo entre el 16 de mayo y ayer lunes, explicaron fuentes judiciales, cuando terminó el plazo que la reforma de la Ley Hipotecaria concedía para formalizar esos pleitos.
La cifra, entre 1.500 y 1.700 demandas en el partido judicial de Zaragoza, según las fuentes consultadas crecerá con las que entraron hasta que el Decanato cerró ayer su registro y que serán turnadas a los juzgados en los próximos días. Alguna de las oficinas de la jurisdicción civil de la plaza del Pilar recibió ayer más de media docena tras un promedio de cinco diarias durante las 20 jornadas hábiles que concedió la modificación legal.
El Gobierno impulsó la reforma obligado por las circunstancias tras el fallo en el que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo declaró ilegal --por abusiva-- la hipoteca por la que perdió la casa un vecino de Barcelona y declaró que la normativa hipotecaria española permitía situaciones de abuso de las entidades financieras sobre los consumidores.
ESTRASBURGO La principal de ellas era la imposibilidad de que un tribunal se pronunciara sobre la posible ilegalidad del crédito antes de que la vivienda fuera desalojada.
Entre otras medidas, la ley concedió un plazo de un mes natural para que los deudores cuyas hipotecas se encontraran ya en trámite de ejecución pudieran denunciar la existencia de alguna cláusula de carácter abusivo en el crédito, siempre que esta constituya "el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible". Si el juez concluye que una o varias de ellas lo son, "determinará las consecuencias de tal carácter", para lo que tiene dos opciones: decretar "la improcedencia de la ejecución" o despacharla "sin aplicación de aquellas (cláusulas) consideradas abusivas".
Las nuevas normas contemplan la posibilidad de que el juez tumbe una ejecución si el deudor prueba que ha liquidado previamente la hipoteca, si la vivienda avala otras obligaciones crediticias formuladas con anterioridad y si una cláusula abusiva es la base por la que la entidad financiera inició el procedimiento.
Por el contrario, cuando exista un "error en la determinación de la cantidad exigible", el magistrado determinará las nuevas condiciones: si la diferencia de cálculo se debe a una cláusula abusiva, esta no se aplicará; si la causa es otra, el juez "fijará la cantidad por la que haya de seguirse la ejecución".
En cualquier caso, los procedimientos ejecutorios quedarán suspendidos hasta que exista una resolución firme sobre el asunto. Eso significa que cientos de familias dispondrán de un balón de oxígeno de varios meses, ya que las decisiones de los jueces de Primera Instancia son recurribles ante la Audiencia Provincial.
ABUSOS Las demandas presentadas a lo largo del último mes presentan un amplio abanico de ejemplos de supuestos abusos sobre los que los jueces tendrán que pronunciarse caso por caso. Entre los más habituales se encuentran la existencia de cláusulas suelo, la aplicación de intereses de demora leoninos o el escaso número de letras devueltas que el banco admite antes de iniciar el procedimiento, aunque otras hacen referencia a las comisiones que cobra el banco o al cálculo del precio de remate.
Algunas demandas piden la nulidad de la hipoteca --las hay que solicitan la de la escritura de compraventa--, aunque lo más habitual, según las fuentes judiciales consultadas, es que dirijan las acciones legales contra una o varias de las cláusulas supuestamente abusivas.
Los juzgados aragoneses han tramitado más de 10.000 ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La mitad de ellas afectaron a primeras viviendas.
SOSTENIDO Las ejecuciones hipotecarias se dispararon en el 2008, cuando alcanzaron las 1.254 demandas frente a las 545 del año anterior. La cifra se duplicó al año siguiente --2.478-- y se mantuvo en niveles similares, aunque algo inferiores, en los tres posteriores: 2.126 en el 2010, 1.998 en el 2005 y 2.049 el pasado ejercicio, en el que el repunte del 2,5% queda lejos de la tendencia estatal, ya que este tipo de procedimientos experimentó un aumento del 17,6%.
El ritmo de presentación de demandas de ejecución hipotecaria ha descendido este año, con solo 479 asuntos entre enero y marzo. De mantenerse, el volumen anual volvería a situarse por debajo de las 2.000 causas, aunque las cifras seguirían muy lejos de las registradas en los primeros meses de la crisis.
El volumen de lanzamientos --el desalojo-- ha sido, no obstante, menor que el de ejecuciones. Los juzgados aragoneses recibieron un total de 7.047 desde enero del 2008 hasta marzo de este año. Y en ese mismo periodo fueron cumplimentados 6.610.
El elevado volumen de peticiones de lanzamientos ha hecho que los juzgados comiencen a atascarse. De enero a marzo recibieron 346 y ejecutaron 223.
