El cobro del Impuesto sobre la contaminación de las aguas (ICA) en Zaragoza obliga a todos sus hogares y empresas a ponerse al día a velocidad de vértigo en un tributo que, si bien ya lleva años aplicándose en Aragón, en la capital amenaza con sacudir con fuerza sus economías domésticas. Hasta el punto de que la estimación autonómica apunta a que el final de las bonificaciones conllevará para cada familia una media de 150 euros al año -o poco más de 10 euros al mes, como apunta la DGA-, triplicando o hasta cuadruplicando el coste que ahora abonan por el saneamiento a la sociedad Ecociudad.

Este es el escenario que se le presenta a los zaragozanos en el corto plazo. Si es que el Ejecutivo autonómico no hace nada por impedirlo. De momento, no hay ni un céntimo para invertir en la capital aragonesa este año con cargo al presupuesto del Departamento de Desarrollo Rural, que ya trabaja en impulsar la construcción de depuradoras en el Pirineo con una inversión estimada de más de 100 millones de euros. Un desembolso al que contribuirá los más de 12 millones que se recauden este año en Zaragoza por el ICA del 2016 y los 15 que ya cuantifica por el correspondiente al 2017. ¿Y el año próximo?

PROGRESIVO // De hecho, solo la opción de una hipotética prórroga garantizaría para Zaragoza una bonificación del 60% en el tributo, que es la que se fijó para este año (el 70% para el pasado) en un acuerdo político en el que solo se quedaron fuera Podemos e IU. Para el 2018 no hay descuento contemplado aunque desde la DGA, fuentes consultadas por este diario, apuntaron que en septiembre se estudiará si se aplican nuevas bonificaciones al contribuyente en la capital aragonesa. Porque se hará un replanteamiento de las necesidades de financiación y no descartan proseguir con las bonificaciones.

El objetivo es que la cuota íntegra tarde varios años en aplicarse en los domicilios zaragozanos y que esta llegue de forma progresiva. Pero, de momento, este año serán 45 euros de media; luego, 60 y en los sucesivos (ya en pagos cuatrimestrales, a 20 por recibo), y 150 en el 2018 si no se pone remedio. Hoy cada familia puede estar pagando solo de 50 a 60.

Pero este puede no ser el único quebradero de cabeza para los hogares y empresas de la capital aragonesa. El otro recibo, el que gira Ecociudad y que lleva cinco años congelado, sirve para el servicio de depuración y el mantenimiento de sus plantas pero ahora se encuentra el ayuntamiento con que su principal instalación, la de La Cartuja, requiere inversiones valoradas «entre 11 y 17 millones de euros» y que tendrá que sufragar con esa recaudación a la vez que termina de pagar los costes de su construcción.

Esta se termina de abonar en el 2024, que es la fecha que acordó el anterior Gobierno socialista. Y, si la DGA no lo remedia, deberá hacerlo con fondos propios. Con los cerca de 30 millones de euros que recibe de los mismos hogares que ahora pagarán el ICA.