El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) abrirá la próxima semana el debate acerca de una de sus promesas electorales más controvertidas: paralizar la construcción de más de 200 viviendas en la factoría Averly. Con la licencia de derribo paralizada desde hace un año y pendiente de sentencia judicial, el responsable municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz, ha incluido en el orden del día de la próxima comisión la propuesta de suspender cautelarmente el planeamiento. Se trata de parar la elaboración del plan especial con el que se pretendía diseñar la forma de hacer factible la edificación pretendida por la propietaria del suelo, la constructora Brial, después de que se hubiera catalogado el 30% de la superficie existente. Un trabajo que se lleva realizando desde septiembre del 2014, cuando el pleno dio su visto bueno.
"Es razonable y sensato que si está suspendida la orden de derribo también lo haga el planeamiento, porque está en los tribunales y la mayor o menor demolición este relacionada con este plan especial, que podría tener que rehacerse en función de lo que dictaminen los jueces", explicó ayer a este diario Pablo Muñoz. El teniente de alcalde de Urbanismo expuso que, además de que ZeC llevara en su programa la apuesta por "la protección en su totalidad" de Averly, existe un "rechazo social" a su derribo que conviene atender y, desde ayer, un "reconocimiento internacional al valor de este conjunto que hace evidente que requiere de una mayor catalogación".
CIRCUNSTANCIAS
Se refiere a la inclusión de Averly en un selecto listado de 50 joyas mundiales que están en riesgo, elaborado por el Fondo de Monumentos del Mundo (WMF) y que alerta a las autoridades de la necesidad de actuar para evitar su destrucción. La vieja fundición zaragozana es la única representante española en una relación de iconos en peligro de extinción por el abandono, las catástrofes naturales o la inacción de la Administración. Ahora bien, la importancia que esto tenga en el plano político se tendrá que dirimir la semana que viene.
Porque Muñoz no puede suspender este procedimiento administrativo en solitario. Necesita 16 votos. Y ahí es donde entra su hoja de ruta para cumplir con su objetivo. "Han cambiado las circunstancias por el reconocimiento internacional que se le da a Averly pero también porque hay un cambio en el Gobierno de Aragón y en el ayuntamiento", explicó el concejal de ZeC, quien defiende que en el Pignatelli "ahora hay dos fuerzas políticas, y sobre todo Chunta, que han defendido el patrimonio industrial que representa". Razones para obtener en el consistorio la "mayoría suficiente".
Así que Muñoz anunció que en breve contactará con la DGA, "con los departamentos de Cultura --que dirige la socialista Mayte Pérez-- y de Urbanismo --en manos del nacionalista José Luis Soro-- para abordar el problema de Averly de forma conjunta". Fue el PP quien gobernaba en el Pignatelli cuando Patrimonio decidió que solo merecía salvarse de la demolición el 30% de la superficie, pero también fue el PSOE quien llevó a votación la aprobación del plan especial de Averly que ahora se está redactando y que se pretende parar desde ZeC. Entonces, siendo IU se opuso al mismo, igual que Chunta.
Mientras, el responsable de Urbanismo también adelantó que contactará con la propietaria del suelo, la constructora Brial --o con la denominación de Neurbe Promociones S. L.-- para "buscar una solución negociada". "Tiene que ser consciente de que adquirió unos terrenos que tenían aprovechamiento pero de difícil y costosa materialización". Así que, a juicio del edil de ZeC, "debería rebajar sus expectativas y asumir una negociación satisfactoria para todos", para sus intereses pero sobre todo para la ciudad.
"El ayuntamiento no puede quedarse de brazos cruzados esperando una sentencia judicial", apuntó Muñoz. Por eso aseguró que su objetivo es "liderar esta negociación con todas las partes implicadas, también con los vecinos, la Federación de Asociaciones de Barrios (FABZ) y la plataforma Salvemos Averly".
Por su parte, niega que esta suspensión cautelar del plan especial vaya orientada a retrasar deliberadamente el proceso administrativo, y recuerda que lo que se pretende en esos terrenos ya se sabía que tendría una "redacción muy complicada y que se iba a demorar".
