El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) rectificó ayer en su negativa a suspender el cobro del impuesto de plusvalía en los casos en los que se acredite la pérdida de valor del suelo, y anunció que lo hará, pero a partir del 2018. El responsable de las finanzas municipales, Fernando Rivarés, así lo adelantó en el marco de la Comisión de Economía que él preside, y a propósito de una pregunta de CHA, que se lo estaba reclamando. Sin embargo, ya era una decisión tomada, incluir esta propuesta en la próxima negociación, con nacionalistas y el PSOE, por las ordenanzas fiscales del año próximo.

Además, expuso que la forma de acreditar ante el ayuntamiento esta pérdida de valor del suelo será con un informe pericial y «no bastará con las escrituras de compraventa». El edil de ZeC destacó que esta sería una medida «transitoria» hasta que el Gobierno central apruebe la nueva normativa que regule el impuesto.

CRITERIO DISPAR

Porque su caballo de batalla sigue siendo el mismo: «El Gobierno vasco tardó un mes en adaptar su ley, el estatal lleva cuatro y aún no ha hecho nada», añadió, para exigirle que ponga fin «de una vez» a la «inseguridad jurídica» generada. Que suprima este «injusto» tributo.

De hecho, para Rivarés el ayuntamiento es más una víctima del Ejecutivo central que un verdugo de los contribuyentes. Por más que ahora tengan que ser los juzgados los que están teniendo que asumir la función de aplicar el fallo con el que el Tribunal Constitucional declaraba ilegal la recaudación en casos en los que se acredite la minusvalía en el precio. Sin embargo, para Rivarés, esto lo que ha provocado es que haya «criterios dispares» a la hora de aplicar sentencias.

De hecho, la última, recibida esta misma semana (el pasado día 7), le da la razón al ayuntamiento en un litigio que afectaba a un suelo de la plataforma logística de Plaza porque el juez consideró probado que no hubo tal pérdida de valor. Anteriormente, en casos similares, se dictó en contra. Y así avanza su estadística, con 11 condenatorias y 28 a su favor.

Quizá por eso, la jefa de servicio de la Agencia Municipal Tributaria, Rosalina Rodríguez Buchón, en un informe firmado el pasado día 10, considera negativa la espera a la nueva normativa. «Esta jefatura de servicio, se permite opinar que cuanto más tiempo pase, más y mayor alcance será la intoxicación a la que estamos asistiendo a través de los medios de comunicación y redes sociales».

BRINDIS AL SOL

Se refería, dice literalmente, a la «edición del día 10 de julio del Periódico de Aragón, se publica a toda página» (ese mismo día). La noticia versaba sobre dos sentencias desfavorables que obligaban a devolver el dinero pero que, a su juicio, «no se condena a modificar precepto alguno de la ordenanza fiscal».

El anuncio de Rivarés será insuficiente para evitar el recurso contencioso de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA). Su letrado, Santiago Palazón, consideró que este «brindis al sol» de ZeC «solo busca vender humo porque sabe que, antes de que la ordenanza entrara en vigor, estará la modificación legislativa de este impuesto». «Es una tomadura de pelo». Ayer se registró en el consistorio su petición de suspender el cobro de forma inmediata y, explicó, «si el día 28 no se ha suspendido, no ha respondido o lo ha hecho pero descartándola, presentaremos el contencioso, además de las medidas cautelares y cautelarísimas». Puede hacerse «en cuestión de horas».