Los 14 conserjes que, actualmente, viven en los colegios zaragozanos deberán abandonar su vivienda antes de tres años. Así lo ha transmitido el ayuntamiento de la capital aragonesa, a través de su coordinador general del área de Derechos Sociales, Nacho Celaya, a los sindicatos, tras la elaboración de un informe que concluye que el 30 de junio del 2019 (ya en la próxima legislatura) esas viviendas deben quedar desalojadas.
La razón esgrimida por el consistorio para justificar esta medida es que "no nos parece oportuno que un funcionario municipal pueda disfrutar de una vivienda de manera gratuita, sin aportar valor añadido, creando agravios comparativos", expone Celaya, que subraya que "el derecho a la vivienda es un objetivo habitual de nuestro trabajo, enfrentándonos cada día a situaciones flagrantes de desamparo".
26 DE 81 CENTROS
En la actualidad existen en Zaragoza 81 colegios con 26 viviendas para uso de los oficiales de mantenimiento. Tres de ellas --en los centros Fernando el Católico, José María Mir y La Jota-- que están "libres y deteriorándose", ya han sido cedidas por parte del consistorio a los colegios. Esta cesión tras el desalojo es la mecánica que se viene utilizando hasta ahora.
Otras ocho viviendas --en los colegios La Estrella, Doctor Azúa, Las Fuentes, Césareo Alierta, Tío Jorge, Eugenio López, Miraflores y Eliseo Godoy-- no se utilizan ya como vivienda oficial de los conserjes sino que están destinadas a otros usos. Para ellas, el ayuntamiento impone que deberán quedarse vacías "en las mejores condiciones posibles" el próximo 30 de junio.
Y las 14 que sí permanecen ocupadas deberán quedar definitivamente desalojadas en un plazo máximo de tres años, lo que afecta directamente a las viviendas en Tomás Alvira, Jerónimo Blancas, Ciudad de Zaragoza, Gustavo Adolfo Bécquer, Hermanos Argensola, Hispanidad, Calixto Ariño, Tenerías, Monsalud, Ana Mayayo, Torre Ramona, María Moliner, Domingo Miral, José Camón Aznar y Guillermo Fatás. "Si en este tiempo algún oficial la dejara de utilizar como vivienda habitual o se trasladara a otro centro a trabajar, diferente del que vive, de manera inmediata se cedería para el uso y disfrute del colegio", expone el informe firmado por Celaya, que añade, en este sentido, que "en este tiempo, no se puede ceder el uso a ninguna otra persona diferente de la que en la actualidad disfruta de la misma".
Además, el ayuntamiento ha decidido que no se volverán a ofrecer estos inmuebles pese a que en los concursos de traslado se ofertaban plazas con derecho a vivienda hasta la jubilación, mientras siguieran prestando servicio en el colegio. Es una medida que ya se habría adoptado a finales del año pasado tras las reuniones con los sindicatos.
MÁS MOTIVOS
El consistorio apela a un informe elaborado por el jefe del servicio de conservación de arquitectura del consistorio, Ramón Velasco, trasladado a la última comisión plenaria de Urbanismo y Sostenibilidad, que indica que todos los colegios públicos tienen o han tenido vivienda, excepto los construidos en los últimos años. La mayoría, una vez dejó de vivir el oficial de mantenimiento, pasaron a ser parte del centro, que las utilizó para aulas, ampliación de comedor o salas de reuniones, entre otros usos "bien de manera formal, con solicitud y cesión, o bien por ocupación por parte de la comunidad escolar sin conocimiento del servicio de Educación".
No obstante, fuentes oficiales de Derechos Sociales explicaron que existe otra motivación para tomar esta decisión que, por ahora, solo es una propuesta. Se trata de "regularizar" la situación de estos inmuebles que durante décadas ha sido de "alegalidad". Algunos carecen de cédula de habitabilidad --indispensable en cualquier vivienda--, ni vinculación contractual que defina las obligaciones y derechos del ocupante con el inmueble, o una mínima supervisión técnica.
