El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) anunció ayer que en la próxima Comisión de Urbanismo, que se celebra el próximo miércoles, tiene previsto suspender la licencia de obras que había solicitado el Gobierno aragonés para acometer la rehabilitación parcial de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar. La razón, esgrimida por el responsable del área, Pablo Muñoz, que se han hartado de esperar a la firma del convenio acordado «hace más de un año» y que sigue sin firmarse, por el que se le iban a ceder al consistorio más de 5.000 metros cuadrados del edificio. Pero la decisión llegaba justo cuando los trabajos están en licitación y solo un día después de que finalizara el plazo de presentación de ofertas, que se ha cerrado con nueve empresas pujando por la adjudicación. Y a la vez que se había decidido, tal y como adelantó EL PERIÓDICO, incluir este tema en el orden del día de la próxima bilateral DGA-Ayuntamiento.

«El objetivo es sentarnos a hablar. Creo en la buena fe pero se acaba cuando por la puerta de atrás se intenta vaciar de contenido» ese convenio, explicó Muñoz, quien definió como un «abuso de derecho» el hecho de que se saque a licitación un proyecto que se ubica en un suelo que estaba en discusión la titularidad del mismo y la DGA «incumple el acuerdo» alcanzado en marzo del 2017 que entregaba al ayuntamiento «el 55% de la parte vieja y el 50% de las ampliaciones».

LA DGA AVISA // Así, el edil de ZeC entiende que se quiere conducir a una «situación de hecho que está avanzando y que puede afectar a un tercero», el posible adjudicatario. Una táctica «muy propia de Fernando Gimeno», consejero de Hacienda del Gobierno aragonés que pactó con él ese reparto y que, posteriormente, en febrero del 2018, aceptó incluir en el acuerdo presupuestario con IU en las Cortes «la suscripción de la propuesta del convenio enviada por el ayuntamiento» que fijaba el reparto de los metros cuadrados. Tampoco se ha cumplido.

La respuesta del Gobierno aragonés no se hizo esperar. Fuentes oficiales del Ejecutivo autonómico instaron al Gobierno de ZeC a «que se replantee la situación» que se genera con esta suspensión de la licencia, un «procedimiento administrativo que es reglado» y que, por tanto, si se obstaculiza sin una justificación jurídica de peso, podría acarrear consecuencias. Así que si se mantiene se estudiarán las «medidas oportunas» a adoptar.

La idea de la DGA es centralizar allí todas las sedes administrativas de la Consejería de derechos Sociales y Ciudadanía salvo la del Instituto Aragonés de la Juventud, incluido el propio departamento y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). «Este proyecto además trataba de revitalizar la zona del casco, haciendo de este edificio un motor administrativo, y facilitar la atención a la ciudadanía», explicaron las fuentes oficiales consultadas. Unas 100.000 personas al año se estima que pasarían por sus instalaciones y eso tendría repercusión en el entorno de una plaza del Pilar que ha perdido mucha afluencia con la salida de los juzgados, en el 2013.

Sin embargo, sobre el convenio que reclama ZeC desde hace más de un año, solo respondieron que «está en negociación». Y eso es lo que el Gobierno municipal interpreta que es «dar largas». «Eso no sería tan raro ni tan peligroso si no fuera porque sin levantar el teléfono se anuncia la licitación de las obras en el juzgado y estas afectan a toda la zona de la ampliación, que es donde se sitúa todo nuestro suelo y que nadie discute».

Muñoz aseguró que ha estudiado jurídicamente la situación y es «obligado» suspender la licencia. Porque cuando haya un adjudicatario habrá un tercero perjudicado. Y cuando se haga la reforma, serán hechos consumados.