El artículo 14 de la Ley de Capitalidad de Zaragoza es el más consensuado de todo el documento aprobado en las Cortes por la vía rápida y solo con el apoyo de los grupos de izquierda. Sí, ese que hoy está en boca de todos porque un Gobierno en minoría como el de Zaragoza en Común (ZeC) ha decidido darle un uso que nadie esperaba pero que todos en algún momento de los últimos cinco años han podido temer. Porque ese artículo no es nuevo, llevaba desde el 2013 en los borradores de esa ley y casi todos los partidos políticos han tenido, en uno u otro momento, opción de quitarlo y nunca lo hicieron.

La potestad de un Gobierno municipal de convertirse en Junta General de accionistas de una sociedad no se pensó para lo que el alcalde Pedro Santisteve ha decidido de forma unilateral. Ser nuevo en el ruedo le concedía una excusa en el 2015, pero actuar a sabiendas en el 2018, a poco más de un año de las elecciones, le confiere otra categoría. Por la interpretación de una ley que, en el lenguaje democrático, era un arma de destrucción masiva. ¿Qué busca realmente si está condenado al fracaso? Otros pusieron en su mano la invitación a una moción de censura que un sector de ZeC lleva meses pidiendo. Y ahora tenían la ocasión.

El polémico artículo 14 lo introduce en el primer borrador de la ley el PAR, entonces socio de Gobierno del PP de Luisa Fernanda Rudi, y atendiendo una demanda «histórica» -así la definen todos los partidos que la conocen- de los propios técnicos municipales. Conferir al Gobierno de turno una herramienta que agilizara las contrataciones urgentes al margen del rifirrafe político era la finalidad. La utilidad, de hecho, no debía ir a más. Tampoco nadie se lo planteó.

Hasta el 2015. las urnas decidieron una fragmentación del voto tal que tres partidos a la greña en el consistorio como ZeC, PSOE y CHA podían mantener al Gobierno en minoría al frente de la nave municipal y torpedear sus iniciativas estrella a golpe de voto en contra en los consejos. A puerta cerrada, sí. Tan cerrada como la de la reunión del Gobierno de Santisteve que decidió asaltar la mayoría en las sociedades.

Tras las elecciones municipales y autonómicas los interlocutores eran otros. El Gobierno aragonés, PSOE-CHA, y otro de ZeC, en franca minoría. Y, entre las disputas, con todos los focos mirando al llamado fondo de capitalidad y a la financiación de los servicios transferidos a la ciudad, se colaba un artículo indiscutible que la DGA entonces intentó retirar del borrador: el artículo 14 de la ley. ZeC lo devolvió al texto.

Pero, por acción o por omisión, la DGA es corresponsable por aceptar la inclusión del mismo y porque ni siquiera fue capaz de atender la única enmienda que apuntó directamente a su supresión. El PAR, creador de este texto, la señaló pero la izquierda la rechazó con todas las demás. El PP ni siquiera lo enmendó y Cs desconocía su calado.

Tampoco nadie ha discutido que hoy el Gobierno de ZeC pueda aprobar licencias urbanísticas sin pasar por la Gerencia de Urbanismo. Sería un escándalo y un revuelo sin precedentes, pero sería legal. Y con el consentimiento de todos los partidos.

El problema para ZeC es que hay que cumplir todas las leyes, no solo las que le favorecen. Y también los estatutos de una sociedad, que son ley en el Registro Mercantil. Cuando se decide expulsar a la oposición de la toma de decisiones, no se hace ajustada a derecho si esos estatutos no se modifican. Pero el cambio debe aprobarse en pleno, y eso a ZeC se le olvidó cambiarlo. Y ahora lo tendrá muy complicado hacerlo.