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Economía social, por ley - El Periódico de Aragón

LEGISLACIÓN PROPIA

Economía social, por ley

Gardeniers, centro especial de empleo de Atades dedicado a la jardinería y la huerta ecológica, un ejemplo de economía social en Aragón.
EL PERIÓDICO

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Aragón contará con su propia legislación en materia de economía social. El Consejo de Gobierno tomó conocimiento este martes de un anteproyecto de ley con el que el Ejecutivo de Javier Lambán pretende establecer un marco normativo que dote de valor este sector económico, otorgándole la relevancia que merece por sus aportaciones a la sociedad. La ley nace para impulsar la capacidad de la economía social para generar un modelo de desarrollo económico y social equilibrado y sostenible.

Asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuas, sociedades laborales, empresas de inserción y centros especiales de empleo son las organizaciones que configuran la economía social. Un sector al que, de una manera u otra, está vinculado uno de cada tres aragoneses. Más de 400.000 personas en nuestra comunidad participan, colaboran o forman parte de estas organizaciones.

Según la Asociación de Economía Social de Aragón (Cepes Aragón), estas entidades representan aproximadamente un 4,5 % del PIB de la región y han creado más de 20.000 puestos de trabajo. El Gobierno de Aragón quiere que la futura ley sirva para dar reconocimiento, promoción y estimulo a todas estas entidades y empresas aragonesas de la economía social, que gozan de una larga tradición en nuestra comunidad y una amplia implantación en todo el territorio.

Entre los objetivos del Gobierno de Aragón para impulsar el crecimiento económico y el empleo durante la presente legislatura se incluye el fomento de la economía social como una actuación estratégica. En este sentido, el Departamento de de Economía, Industria y Empleo, que dirige Marta Gastón, ya está llevando a cabo distintas iniciativas para lograrlo, como un fondo de apoyo para empresas de la economía social creado en el 2016.

Por otra parte, durante el año 2017 finalizaba la tercera edición del Programa de Emprendimiento Social de Aragón impulsado por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), que ha permitido apoyar a una veintena de proyectos. Y el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) ha otorgado desde el 2016 ayudas a centros especiales de empleo, empresas de inserción laboral y cooperativas mediante diferentes convocatorias públicas.

El anteproyecto de ley se basa en tres aspectos clave. Por un lado, el reconocimiento, impulso y fomento de las entidades sociales en todos los ámbitos de las sociedad aragonesa, con especial atención al educativo, al medio rural y al empleo. En segundo lugar, coordinar e instrumentar políticas y medidas de apoyo, incluidas la económicas y las dirigidas a reducir progresivamente las cargas administrativas y burocráticas que dificultan la creación de empresas y entidades del sector. Y, finalmente, integrar el sector, hasta ahora disperso, impulsando la participación en órganos específicos –el Consejo de la Economía Social de Aragón– que permitan aportar soluciones al complejo panorama sociolaboral y constituirse en un estímulo para la dinamización del autoempleo y del emprendimiento enraizado en el territorio, teniendo como protagonistas a las personas.

Ahora, la prioridad del Gobierno de Aragón es impulsar una tramitación ágil de esta ley y que, una vez llegue a las Cortes, pueda aprobarse bajo el procedimiento de lectura única, ya que la norma ha despertado el interés de varios grupos parlamentarios.

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