El Gobierno aragonés denunciará ante la Comisión de las Comunidades Europeas la ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) por entender que incumple varios preceptos del derecho comunitario, como el Tratado de Amsterdam de 1997 y directivas relacionadas con la política de aguas, con la conservación de aves silvestres y de hábitats naturales, y con la fauna y flora silvestres. La denuncia, cuya presentación fue aprobada ayer por el PSOE-PAR, se centrará en los aspectos del PHN relacionados con el trasvase del Ebro. La iniciativa se añade a otras similares impulsadas semanas atrás por partidos y ecologistas, así como por la Mesa del Agua de Aragón. Y también supone la reanudación de la batalla europea contra el trasvase en un momento clave, pues recientemente han sido admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional los recursos de la DGA y de las Cortes contra el proyecto del PP. El ministro portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, dijo ayer en Zaragoza que con esta actuación "sólo pierde Aragón", pues puede suponer un perjuicio económico para las obras del Pacto del Agua y del PHN. La decisión de denunciar en Bruselas el PHN se produjo un día antes de la reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento del Pacto del Agua, un encuentro entre representantes de Aragón y del Ministerio de Medio Ambiente para analizar el desarrollo de las obras. La determinación del ministerio de eliminar del orden del día temas que propuso la parte aragonesa molestó ayer a los partidos, que acusaron al Gobierno central de "falta de rigor". La crítica general fue que Medio Ambiente no enviara con tiempo la documentación sobre la que se debatirá hoy (que llegó a las cortes a primera hora de la tarde de ayer). Pero los partidos, PSOE, CHA y --en menor medida-- el PAR, criticaron sobre todo que el ministerio no prevea hablar de la relación entre el Pacto del Agua y el Plan Nacional de Regadíos, de la situación jurídica de las obras de Yesa, Biscarrués y Santaliestra, de las certificaciones de obra (que acreditan el dinero realmente gastado) y de las previsiones de inversión posteriores al 2002. Esas cuestiones estaban en la propuesta aragonesa, pero han desaparecido de la que presenta el ministerio. Para el socialista Francisco Pina, este hecho "anuncia la verdadera intención del PP, que quiere convertir la comisión en el silencio de los tontos útiles al servicio de la propaganda oficial". Según Bizén Fuster, de CHA, es "impresentable" que no se haya enviado la documentación con más tiempo. Fuster subrayó que se pretenda eludir temas polémicos. "Demuestra el talante con que se afronta la reunión, que nace viciada", dijo, y anunció que, pese a todo, pondrá estos puntos sobre la mesa. Emilio Eiroa, del PAR, señaló que demorarse en el envío de la documentación "no es una forma razonable de afrontar una reunión de este cariz". No obstante, consideró "positivo" que vayan a analizarse los planes de restitución. IU tiene "pocas esperanzas" de que "se avance de forma decisiva" en la reunión de hoy, en la que volverá a plantear "la importancia de que se vaya a actualizar el Pacto del Agua". En opinión de José Urbieta, del PP, ésta es "una discusión estéril" que responde "a las ganas de enredar". La comisión, dijo, sirve para conocer el estado de los proyectos y no "para debatir temas". Urbieta lamentó "que se creen problemas innecesarios" en lugar de centrarse en "conocer las previsiones y presionar para que se aceleren obras".