La investigación parlamentaria sobre el caso Euroresiduos llega a la fase crucial. Y, según algunas fuentes consultadas, podría estar muy próxima al desenlace final. La comisión de las Cortes reanuda esta semana sus trabajos con varias comparecencias de miembros de la Administración autonómica y de las empresas que participaron en la multimillonaria operación de venta del vertedero zaragozano.
Si como se prevé PSOE, PAR y PP imponen al final el carpetazo definitivo, el pleno del día 19 debatiría y aprobaría el dictamen con la conclusiones de una polémica que ya se ha cobrado dos víctimas políticas: el consejero de Medio Ambiente, Víctor Longás, y el director general de Calidad Ambiental, Jesús Villacampa. Longás dimitió la semana pasada y fue sustituido por su compañero de partido Alfredo Boné. Villacampa, por su parte, fue destituido en un Consejo de Gobierno extraordinario.
Los cinco diputados que integran la comisión de investigación del Parlamento regional regresan al trabajo esta mañana a las diez con la comparecencia de la jefa de régimen jurídico, planificación y coordinación de la DGA, Carmen Sanz, y del interventor general de la Administración, Alfonso Peña.
El testimonio de ambos funcionarios se considera fundamental para intentar esclarecer determinadas actuaciones llevadas a cabo en la tramitación del expediente administrativo. Así, el Servicio de Régimen Jurídico, adscrito como órgano auxiliar a la Secretaría General Técnica del Departamento de Medio Ambiente, emitió en julio del 2001 un informe en el que ya se reconocía la posibilidad de admitir la importación de residuos tóxicos procedentes de otras comunidades autónomas para su eliminación en un vertedero, atendiendo al principio de reciprocidad. No obstante, en el documento se hacía hincapié en que la concesión de la correspondiente autorización a Euroresiduos para importar basura tóxica podría suponer un incumplimiento de alguna de las condiciones de la subvención que en su día recibió la empresa para la gestión de residuos que se generaran exclusivamente en Aragón.
CONSULTA El informe jurídico dio lugar a una consulta al interventor general de la DGA para que aclarase si podía peligrar la ayuda pública concedida a Euroresiduos. El 4 de abril del 2002, el interventor en otro informe no planteó ninguna objeción, aunque advirtió de la necesidad de que, por razones de transparencia económica, la autorización para importar basura peligrosa se llevara a cabo en otro vertedero distinto al que en su día consiguió permiso para tratar los residuos de la comunidad. El informe del interventor general despejó el camino para que el director general de Calidad Ambiental autorizara el 22 de abril la importación de residuos.
Tras las comparecencias de los dos altos cargos de la DGA, será el turno mañana de las explicaciones de Rafael de Miguel, representante de Euroresiduos, y de Julián Imaz, de Fomento de Construcciones y Contratas --empresa que adquirió la gestión del vertedero--. A última hora, los grupos han acordado citar también a Antonio Losilla, representante de la empresa Sufi, accionista minoritaria de Euroresiduos y cuyo testimonio se considera clave.
