La comisión de las Cortes de Aragón que investiga el caso Euroresiduos acordó ayer solicitar a la empresa FCC el contrato por el que --en febrero de este año-- adquirió la firma Euroresiduos, propietaria del vertedero de restos tóxicos de Zaragoza. El órgano parlamentario quiere detalles de una operación cuya firma definitiva se condicionó a la concesión por parte de la DGA de autorización para importar basura.

Esta investigación se abrió tras conocerse que el departamento de Medio Ambiente de la DGA autorizó a Euroresiduos a importar basura tóxica (algo prohibido en la licencia municipal para el vertedero peligroso). Y que dicha empresa fue vendida a FCC por 24 millones de euros, diez veces más que el coste de la inversión para el basurero.

El portavoz de turno de la comisión, el aragonesista Javier Allué, explicó que los grupos aprobaron solicitar a FCC el contrato de compra del pasado febrero, al que hizo alusión ante este órgano Julián Imaz, representante de la citada empresa, el pasado día 11. Según Imaz, la firma definitiva del contrato se condicionó al permiso para importar desechos tóxicos, que se concedió unos meses después. Las Cortes quieren conocer detalles del contrato, aunque saben que FCC podría "no tener obligación de enviarlo", porque es un documento privado.

NUEVOS COMPARECIENTES El órgano diseñó el que podría ser el calendario final de la investigación, salvo que los acontecimientos manden lo contrario. Así, el próximo viernes comparecerán ante la comisión los representantes de Sufi y Tecnocom, empresas que tenían un 29,08% y un 65,92% de Euroresiduos, respectivamente. Serán David Naranjo por Sufi y Jesús Blanco por Tecnocom quienes intervengan, según ha sabido este diario. El pasado día 13 lo hizo Antonio Losilla, dueño del 4,83% de Euroresiduos, quien manifestó desconocer la operación de venta.

Los diputados también acordaron pedir a CCOO y a las asociaciones conservacionistas Ansar y Ecologistas en Acción que les envíen sus consideraciones sobre este caso (las organizaciones habían solicitado comparecer ante el órgano, pero los partidos no lo consideran oportuno).

El lunes 23 se reunirá de nuevo la comisión para valorar las declaraciones del viernes y decidir el paso siguiente. Los diputados han sugerido a la junta de portavoces que mantenga un encuentro el mismo lunes ante la posibilidad de que tenga que convocar un pleno extraordinario para elevar ya un dictamen final.