La nueva ley de régimen económico matrimonial y viudedad entrará en vigor el próximo día 23 de abril, tras su aprobación ayer por el pleno de las Cortes de Aragón. La ley regula materias que afectan a "la vida diaria de todas las familias", en palabras del presidente de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, Jesús Delgado Echevarría, que presenció in situ la sesión plenaria.

En sus 119 artículos, regula supuestos que afectan a casi todos los aragoneses en su condición de cónyuges o de receptores de una herencia sujeta a usufructo por el viudo. Así, por ejemplo, aborda la problemática que surge con los fondos de inversión cuando alguien enviuda o qué ocurre cuando uno de los cónyuges adquiere un piso antes de casarse. Incluso, en el artículo cinco, establece que los hijos de un matrimonio deberán contribuir a las necesidades familiares mientras convivan con sus padres.

Este texto, que fue encargado a la citada comisión por la DGA en 1999, también desarrolla cuestiones como el consorcio conyugal (comunidad de bienes en el matrimonio), la viudedad y las capitulaciones o la posibilidad de pactar. La ley deroga la mayor parte del Libro Primero de la Compilación y, según pusieron de manifiesto los portavoces parlamentarios, aclara y simplifica problemas.

El vicepresidente aragonés, José Angel Biel se congratuló por el hecho de que dos partes fundamentales del Derecho Civil aragonés "hayan sido ya renovadas y puestas al día", en alusión también a la Ley de Sucesiones por causa de muerte, reformada en la pasada legislatura.

CHA e IU mantuvieron para su debate en el pleno varias enmiendas relativas a la necesidad de sustituir, en el texto legal, las referencias a "marido y mujer" por "cónyuges", en previsión de una futura modificación del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, que no fueron aceptadas. El portavoz de CHA, Chesús Bernal se congratuló de la inclusión de un artículo por el que se ofrece la posibilidad a los ciudadanos de otorgar capitulaciones en cualquiera de las tres lenguas de la comunidad.

El popular Angel Cristóbal Montes, coordinador de la ponencia, calificó el proyecto de "modélico" y dijo que constituye un "claro ejemplo de cómo en Aragón se sabe legislar bien". Por parte del PSOE, Francisco Catalá hizo hincapié en el carácter "histórico" del trabajo desarrollado hasta la aprobación de la ley y se refirió al "amplio consenso" de su tramitación. Trinidad Aulló, del PAR, también recalcó que la nueva ley "esclarece, desarrolla y profundiza unas de las señas de identidad de Aragón", su Derecho Civil.