Los sindicatos aragoneses CCOO, UGT y CSI-CSIF criticaron ayer al departamento de Educación y Ciencia del Gobierno autónomo por modificar el horario de la ESO "sin negociación sindical" y "sin un informe preceptivo del Consejo Escolar de Aragón".

La orden, que afecta al segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, apareció el miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y consiste en suprimir una hora en el área de Tecnología para aumentarla en la de Idioma Extranjero, así como en la anulación de Informática como materia optativa.

Los sindicatos consideran que la reforma perjudicará en gran medida al profesorado. "Esta modificación afecta de manera importante a las plantillas de profesores de los centros de Secundaria, por lo que hubiera sido necesaria su negociación en la mesa sectorial de educación y, además, por el cambio curricular que implica era necesario su informe preceptivo por el Consejo Escolar de Aragón", señaló el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Aragón, Manuel Martínez. "Una norma que afecta a la plantilla de profesores no se puede tomar de forma unilateral", añadió el secretario general de la Federación de Enseñanza en UGT de Aragón, Carlos López.

Para CSI-CSIF, esta modificación es "muy precipitada". "No entiendo cómo la DGA ha tomado esta decisión de forma tan apresurada", apuntó el responsable de Educación de este sindicato Eliseo Moreno. "Esta clase de normas hay que debatirlas en la recién creada mesa sectorial para la negociación de las plantillas y de la oferta pública de empleo, porque si, al final, se lleva a cabo habrá que hablar de amortizaciones, desplazamientos...", añadió.

MEDIDAS Tanto UGT como CSI-CSIF piensan llevar la actual reforma a la próxima mesa sectorial para debatirla e intentar llegar a un consenso colectivo. Por su parte, CCOO está dispuesto a llegar más lejos. El sindicato ya ha solicitado al departamento de Educación "la modificación inmediata" de la orden mencionada y ha advertido que, en caso contrario, "la recurrirá por los medios legales oportunos (reposición y contencioso administrativo) y llamará a la movilización del profesorado afectado".

"Este cambio supone profundizar en el extraordinario déficit democrático que el departamento de Educación arrastra en este último tramo de la legislatura; que le lleva a gobernar por decreto, sin ningún tipo de negociación y a cometer errores de manera sistemática", concluyó Martínez.