La Policía de Zaragoza desarticuló el pasado lunes a una banda de delincuentes rumanos dedicada a extorsionar a inmigrantes de la misma nacionalidad. Los sospechosos contactaban con las víctimas con la oferta de facilitarles trabajo y les exigían una cantidad económica, que aquellas tenían que pagar, con independencia de que les encontraran un puesto laboral.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una víctima, que el pasado día 10, a las diez de la noche, fue asaltada en su domicilio de la calle Miraflores por cinco personas que le apalearon hasta dejarle inconsciente, También golpearon a su mujer y les amenazaron con matarles y arrojar a su hijo por la ventana si no cumplían con los pagos.

Según las condiciones impuestas por los mafiosos, la víctima tenía que realizar tres entregas de dinero, de 300, 700 y mil euros, respectivamente. El primer pago debía de efectuarse el pasado lunes y los extorsionadores advirtieron al matrimonio que volverían ese día a su casa para cobrar, confiados en que la víctima no se atrevería a denunciarles.

DENUNCIA La víctima, sin embargo, acudió a la comisaría de San José y denunció los hechos, por lo que el Grupo de Atracos de la Policía estableció un dispositivo de vigilancia en torno al domicilio del inmigrante el mismo día 17.

Los delincuentes se presentaron en la casa a las seis de la tarde con la intención de cobrar la primera entrega. Tres de ellos subieron a la vivienda mientras dos esperaban en un vehículo. Los agentes detuvieron a todos los implicados, cuatro hombres y una mujer.

Fuentes policiales explicaron que el grupo estaba dirigido por Sandu I., un rumano de 34 años vecino de Barcelona, que se encuentra entre los detenidos, dos de los cuales son hermanos y residentes en Zaragoza. Ninguno de ellos contaba con antecedentes delictivos en España.

Las mismas fuentes señalaron que los miembros de este grupo son "violentos y peligrosos, suelen ir armados en todas sus actuaciones y, generalmente, están indocumentados". Los policías siguen las investigaciones para averiguar si las identidades facilitadas por los detenidos son auténticas.