La Fiscalía de Madrid quiere imputar a dos exaltos cargos aragoneses del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Escartín y Tomás Sancho, y a dos técnicos por su actuación al tramitar el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa. El fiscal quiere que declaren por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas, y ve anomalías contables en empresas que relaciona con la obra, de una de las cuales fue accionista Sancho, quien niega las imputaciones.

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid tramita una querella criminal interpuesta por el ayuntamiento zaragozano de Artieda contra Carlos Escartín, exdirector general de Obras Hidráulicas, contra Dolores Carrillo, exdirectora de Calidad, y contra Carlos Vázquez, exsecretario general de Medio Ambiente.

En julio del 2002, el fiscal planteó una presunta relación de los citados exaltos cargos con empresas vinculadas al recrecimiento de Yesa. Y aludió a posibles irregularidades cometidas por Benigno Blanco, exsecretario de Estado de Aguas y actual número dos de Fomento; Tomás Sancho, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y Pascual Fernández, actual responsable de Aguas. La Fiscalía solicitó una investigación de patrimonios.

Ahora, a la vista de los resultados de la investigación de la Unidad Económica de la Policía Judicial, el fiscal, en sus diligencias previas, afirma que deben declarar como imputados Sancho, Escartín y dos técnicos, Juan Luis Uceda y Angel Sánchez, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos.

DINERO DE ORIGEN DESCONOCIDO El ministerio público dice que B.S. Ingeniería (empresa de la que Sancho fue accionista hasta 1996, cuando presidió la CHE) se creó "ad hoc" para contratar con la confederación. Y que en los cinco años examinados (al parecer, del 97 al 01) casi toda su contratación, "en torno a 600.000 euros de media anual", corresponde a "encargos públicos" de la CHE.

Indica que dicha empresa tuvo anomalías contables, porque conceptuó como factura una inversión financiera. Y señala que podría haber vinculación entre los hechos atribuidos al "apoderado de la mercantil" Tomás Sancho "y la entrada en la sociedad, mediante su camuflaje en los gastos corrientes, de una cantidad importante de dinero, de origen desconocido, no proveniente en cualquier caso de los ingresos y de la actividad de la empresa". Esto, concluye, justifica la investigación que tiene intención de pedir.

Igualmente, el fiscal ve una vinculación económica entre la consultora Euroestudios (redactora del proyecto de Yesa) y ACS (adjudicataria de la obra), pues aquélla recibió 1,4 millones de euros de ésta. La vinculación entre proyectista y concurrente a la adjudicación infringe la Ley de Contratos, según las diligencias.

La Fiscalía reitera que al proyecto nunca se han incorporado preceptivos estudios de seguridad, "por lo preocupante de algunos de los datos relativos al historial de seguridad de la presa y a las condiciones de cimentación de sus estribos". Aquí vincula a Euroestudios con B.S., pues asegura que la Policía Judicial registró "la sede de la UTE (Unión Temporal de Empresas) B.S.-Euroestudios" y encontró informes sobre seguridad del embalse. (Según varias fuentes, la UTE entre ambas era puntual y no se formó para redactar el proyecto).

Sancho insistió en que desde 1996 está desvinculado de B.S. y que desconoce su gestión desde entonces. Escartín fue contratado por ACS al dejar su cargo en el ministerio.