Responsables de Urbanismo de las seis Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura) ratificaron ayer su apuesta por unas políticas de suelo y vivienda con una destacada intervención de las administraciones públicas que salvaguarde las funciones pública y social del urbanismo, así como su defensa de un cambio normativo en las reglas de valoración del suelo, que elimine posibles elementos especulativos.

Para ello, y durante unas jornadas sobre Legislación urbanística, desgranaron las medidas impulsadas por sus gobiernos regionales en materia de suelo y que coinciden con las propuestas recogidas por el PSOE en la proposición de ley sobre valoración del suelo que presentó José Luis Rodríguez Zapatero y que se debatirá en la cámara baja.

Por su parte, el director general de Urbanismo de Aragón, Carlos Guía, destacó los problemas que tiene el Ejecutivo socialista de Marcelino Iglesias para desarrollar una política de vivienda como la que desearía con una legislación aprobada por PP y PAR y unos problemas serios de falta de desarrollo sostenible y despoblación, provocados por un desarrollo urbanístico que se hace "de forma forzadamente ágil y sin pensar".

Lamentó que, en la mayoría de los municipios aragoneses, el urbanismo esté en manos de agentes privados y explicó que el Gobierno regional intenta paliar estos problemas con convenios con ayuntamientos (que ceden gratis suelo urbanizable) para actuar, en la práctica, como agente urbanizador (el Gobierno construye en esos suelos vivienda de protección oficial). Así, refirió la puesta en marcha de 3.600 viviendas sociales sólo en Zaragoza.