La Comisión de Afectados por el cierre en Zaragoza de las academias de idiomas Opening ha enviado un escrito de queja a la directora del Servicio Provincial de Salud, Consumo y Servicios Sociales, María Luisa Souvirón Guijo, contra la Asociación de Consumidores Aicar-Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de Aragón). Esta organización --que el pasado 31 de enero interpuso una demanda judicial en representación de 130 afectados, actualmente en curso-- recibió una subvención del Gobierno aragonés para cubrir los gastos derivados de esta defensa de los que esta comisión pide ahora "información transparente".

La ayuda, según dicho documento, fue solicitada personalmente por la propia Comisión de Afectados al director general de Consumo, Florencio García Madrigal, y su fórmula de concesión pasó por la tramitación a través de una asociación de consumidores. A esta primera cuantía, que ascendió a 3.000 euros (500.000 pesetas), podría añadirse en un futuro cercano una segunda de 4.500 (750.000 pesetas).

Sin embargo, estos afectados denuncian cómo desde Adicae se han incumplido los acuerdos firmados con la Dirección de Consumo. Aseguran que hasta el propio director general afirmó entonces que "independientemente del legítimo derecho que tuvieran para invitar a los afectados a hacerse socios, nunca sería una obligación indispensable para poder sumarse a la demanda". A pesar de ello, todas las personas perjudicadas han recibido una carta de Aicar-Adicae exigiendo el pago de una cuota como requisito indispensable para resolver el caso, que asciende a 28,80 euros al año (2,40 euros al mes).

El hecho es que el próximo 31 de marzo finaliza el plazo legal para sumarse a la demanda colectiva contra las dos franquicias de Opening en Zaragoza y contra las entidades financieras que concedieron créditos para el pago del curso. Tanto Aicar-Adicae como desde el Servicio Provincial de Salud, Consumo y Servicios Sociales se ha recomendado a todos los afectados sumarse a ella.

Por ello, esta Comisión de Afectados pide que desde la Administración se comunique a Adicae la no obligatoriedad de ser socio y "la colaboración con los socios aportando la información solicitada, como los estatutos de la asociación, que nos han sido denegados. Porque es lógico que queramos saber nuestros derechos después de lo ocurrido". Además, piden que los gastos ocasionados por pagos adicionales sean supervisados por la DGA.