El exalcalde de Zaragoza, José Atarés, aseguró ayer a este periódico que no hizo "electoralismo" cuando protagonizó el acto simbólico del derribo de uno de los muros de la cárcel en plena campaña para las autonómicas y municipales y recordó que hay un contrato para derribar las instalaciones del antiguo penal.
Atarés contestó así a la Asociación de Vecinos de Venecia, que consideró que la demolición del edificio penitenciario se ha quedado "en agua de borrajas", ya que después de la reunión de los responsables políticos de la anterior corporación para tirar uno de los muros no ha habido más obras, tal y como adelantó este periódico.
El exalcalde de la ciudad recordó que el proyecto para transformar la antigua prisión en una zona de casas y servicios fue "un acuerdo del PP" y aseguró que las cosas "se hacen cuando hay que hacerlas", en referencia al posible uso del acto con fines electorales. Atarés indicó que la demolición del edificio se adjudicó a finales de abril y hay licencia de construcción para una nueva unidad de inserción. "El proceso tendrá continuidad, aunque ahora son otros los que tienen que hacer el seguimiento", dijo.
Asimismo, señaló que su equipo de Gobierno ofreció abundante información sobre el destino que se dará al nuevo espacio y los usos sociales que se ubicarán en los pabellones que se reformen y acondicionen.
Los vecinos mostraron su desagrado con la paralización de los trabajos de la cárcel y, aunque están dispuestos a dar un margen de maniobra al nuevo equipo de Gobierno, aseguraron que en septiembre realizarán gestiones para urgir la reanudación de los trabajos y el cambio de fisonomía del barrio.
La posibilidad de construir viviendas protegidas y un nuevo entorno urbano que contemplara la ubicación de servicios para el barrio en los terrenos de la cárcel de Torrero fue bien acogida por las entidades vecinales.
