"Nos damos por satisfechos con todo lo que está pasando, aunque hayamos perdido el piso", aseguraban ayer Esteban y Cristina, la pareja que denunció a EL PERIODICO los sobreprecios en Parque Goya, lamentando que no podían pagar los 24.000 euros (cuatro millones de pesetas) de más que la promotora les pedía.

Su caso hizo saltar la liebre informativa y descubrir el fraude en la vivienda social, la cantidad de denuncias que habían llegado al Gobierno de Aragón y la apertura de expedientes y de diligencias en los juzgados. Una noticia que se recogió en todos los medios de comunicación de la ciudad y que alertó a promotores, compradores, jueces y hasta al delegado de Hacienda.

"Nuestra alegría es inmensa al comprobar cómo jóvenes parejas no van a pagar ese dinero negro y, sobre todo, cómo esos promotores delincuentes no se salen con la suya. Lo que de verdad se necesita ahora es que cambien las leyes para que estos hechos no vuelvan a producirse", aseveran. "Nadie nos tiene que agradecer nada, porque hemos hecho lo que debíamos".

VALENTIA La valentía de ambos ha provocado que hasta las propias promotoras den marcha atrás en sus exigencias y que muchos compradores se hayan acercado hasta la DGA para interesarse por cómo presentar una denuncia.

Ayer, proseguían las llamadas a este diario confirmando la devolución de dinero negro. "Yo estaba ahorrando nómina tras nómina para pagar ese dinero negro y esto me ha supuesto una alegría inconmensurable", afirma uno. Pero también aparecen nuevos casos que quieren la devolución de su dinero, pagado hace ya tiempo.

No obstante, no todas las promotoras adjudicatarias en Parque Goya están siendo investigadas y compradores de viviendas sociales de promociones de la zona aseguran que a ellos no les pidieron dinero negro. También es verdad que mientras todas ellas insisten en afirmar que no están siendo investigadas, ocho tienen abiertas diligencias judiciales en los juzgados de instrucción. Al menos uno de los ocho expedientes hacen referencia a una cooperativa.

Desde el Gobierno de Aragón, ningún responsable de Vivienda quiere realizar declaraciones sobre esta polémica, remitiendo a la próxima aprobación de la Ley de Garantía de Vivienda. Este instrumento legal será el único que defenderá los derechos de los compradores ante estas situaciones, cuyos hechos son muy difíciles de probar.