Diez familias de los 21 militares destinados en Aragón que fallecieron a bordo del Yakovlev 42 presentarán una reclamación de responsabilidad civil contra la compañía aérea ucraniana UM Air, propietaria del avión siniestrado, en los primeros días de septiembre. Los despachos Elan Abogados y Martín-Chico & Asociados tramitarán las reclamaciones de los afectados, que no figuran entre los miembros de la Asociación de Familiares de Víctimas del Accidente de Turquía Yak-42.

Precisamente, la portavoz de esta asociación, Curra Ripollés, indicó ayer que la causa del siniestro del avión, ocurrido el pasado 26 de mayo y en el que murieron 62 militares españoles, "no fue un fallo humano, sino una cadena de fallos humanos".

El director del despacho zaragozano Elan Abogados, Javier Hernández, y uno de los familiares que se han unido a esta iniciativa señalaron a este periódico que éste podría ser el inicio de varios procesos. "Actuaremos contra la compañía aérea porque los resultados de la investigación son la única base que tenemos, pero si surgen nuevos responsables, ya sean Trillo o miembros del Gobierno turco, iremos contra ellos", subrayó el familiar.

Hernández explicó que "cada reclamación se hará de forma individual, ya que las circunstancias de cada caso son distintas". Por eso, para concretar las cifras, se han manejado dos conceptos: el daño moral causado, mayor en aquellos casos en los que el fallecido tenía esposa e hijos, y el lucro cesante --la cantidad de dinero que las familias dejan de percibir por los ingresos que habrían obtenido los militares a lo largo de su carrera--. Para cuantificar el perjuicio, los abogados han pedido a los familiares abundante documentación y han solicitado a Defensa que elabore un perfil del futuro que habrían tenido estos militares dentro del Ejército del Aire, al que pertenecían.

Asimismo, Hernández indicó que también solicitarán indemnizaciones para las novias de los fallecidos "por el daño moral causado", y para las parejas de hecho, que están teniendo problemas para cobrar las pensiones de viudedad porque la ley no las protege al no estar casadas.

El abogado recalcó que, aunque actúan de forma independiente a la asociación de familiares, "queremos lograr un acercamiento con sus miembros por el bien de todos".