El caso Yesa está a punto de sentar en el banquillo de los acusados a seis exaltos cargos del Ministerio de Medio Ambiente, a los que se les imputan presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas durante la tramitación del recrecimiento del embalse de Yesa.

Según informó ayer el Ayuntamiento de Artieda, que es el que ha demandado a estos exresponsables de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, encargado de las diligencias previas, dictó un auto el pasado 27 de junio en el que instaba a la Fiscalía y al consistorio a formular el escrito de acusación contra los querellados para continuar el procedimiento abreviado. Se trata de un paso previo a la apertura del juicio oral y a la celebración del juicio penal en la Audiencia de Madrid.

LOS IMPUTADOS Los acusados son el expresidente de la CHE, Tomás Sancho; el exdirector general de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín; y dos ingenieros de la confederación, José Luis Uceda y Angel Núñez, por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Además, también están imputados la exdirectora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Dolores Carrillo; y el exsecretario técnico del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Vázquez.

El Ayuntamiento de Artieda, que se siente afectado por el recrecimiento, expresó ayer en un comunicado su satisfacción por esta decisión judicial: "Es muy positiva para descartar definitivamente este proyecto y castigar a los responsables del mismo".

La Asociación Río Aragón, contraria a ampliar la capacidad del pantano, también mostró su "alegría", ya que en su opinión "la tozuda realidad demuestra que el recrecimiento está plagado de ilegalidades sin las cuales no se hubieran superado los trámites, ya que su construcción no se ha justificado técnica y económicamente a ninguna cota".

LA DECLARACION DE SANCHO El expresidente de la confederación declaró hace poco menos de un mes ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid y allí negó haber intervenido directamente en la tramitación de este proyecto, y aseguró que no se lucró ilegal o indebidamente, según atestigua un informe de la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Judicial que presentó.

Sancho fundó con un compañero ingeniero y con sus dos esposas una sociedad, llamada B&S Ingeniería, a la que se le adjudicó un proyecto para una conducción de agua entre Yesa y Zaragoza por un valor de 234 millones de pesetas. El expresidente de la CHE siempre ha mantenido que entonces ya había abandonado la empresa.