El Gobierno aragonés alertará de los graves problemas que pueden surgir por la forma en que se ha preparado la adaptación al sistema legal español de la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea. El próximo lunes, el Consejo Nacional del Agua pretende aprobar el informe del Ministerio de Medio Ambiente sobre la llamada trasposición de la directiva comunitaria, en una reunión en la que el consejero aragonés de Medio Ambiente, Alfredo Boné, expresará la postura de la DGA.

Entre otras cosas, Aragón denunciará las prisas con las que se prepara la trasposición, que deberá estar lista el próximo enero, a pesar de que la directiva es del 2000. La opinión de la DGA es que se habría intentado evitar que la Ley del Plan Hidrológico Nacional se someta a las limitaciones de la norma europea.

Dicha directiva obliga a la recuperación íntegra de costes, lo que exige cobrar el coste real de hacer llegar agua. También impide el deterioro de las masas de agua superficiales (se considera que el trasvase atenta contra este principio). Y prevé sustituir los consejos de agua de las cuencas por consejos de demarcación (incluyen costas), paso con el que --según la DGA-- no quedaría garantizada la presencia de las comunidades en estos órganos.

La trasposición mantendría la sobreexplotación de acuíferos, porque para usar aguas subterráneas privadas no exigiría autorización, sólo registro. Y eso pese a que la UE pide no distinguir entre aguas privadas y públicas.