El próximo jueves, el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, se reunirá con representantes de los colegios profesionales y empresariales para debatir sobre la posibilidad de firmar acuerdos de colaboración con el futuro Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), cuyo proyecto de ley de creación se encuentra actualmente en las Cortes aragonesas. El encuentro tendrá lugar a las 21.00 horas en la sede de la CREA (Confederación de Empresarios de Aragón).

Se da la circunstancia de que el anuncio de la posible externalización de esta entidad pública, cuyo objetivo es una mayor eficacia en la tramitación y resolución de los expedientes administrativos que acumula esta consejería, y que rondan los 3.000, ha levantado cierta polémica. No obstante, desde el propio Gobierno de Aragón se asegura que será el propio departamento el que dicte las resoluciones y firme los resultados, encargándose los posibles agentes externos contratados de facilitar únicamente la tramitación y el papeleo, a modo de una gestoría especializada.

CAMBIOS EN EL DEPARTAMENTO El propio texto del borrador de la ley especifica, sin embargo, que "la constitución del Inaga llevará consigo la modificación de la estructura y las competencias del departamento de Medio Ambiente", una decisión que se arriesga a ciertos descontentos internos. A esto, fuentes del Gobierno aragonés afirman que el proyecto de ley es todavía un borrador que debe ser debatido en algunos foros.

Dentro de este diálogo debe incluirse el encuentro del próximo jueves, en el que también participará el presidente de la CREA, López Babier. Y es que el texto de la futura ley engloba temas tan variados, pero tan cercanos al ciudadano, como el registro de empresas que se adhieran con carácter voluntario a las auditorías ambientales; autorización de observación y fotografía de especies; planes y licencias de caza y pesca; aprovechamiento de montes; roturación y aprovechamiento de montes o todo lo referente a residuos. E incluso existe ya la propuesta del plazo de notificación para cada caso y el efecto que tendría el silencio administrativo.