La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid vincula a altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) con una red de tráfico de agua en Murcia que habría desviado caudales de dicho río hacia zonas de desarrollo urbanístico de esa comunidad. Esta investigación se centra en un caso que diversos colectivos ecologistas murcianos han considerado un robo de agua en la cuenca.

El País publicó ayer que este mes la Fiscalía de Medio Ambiente ha llamado a declarar al presidente de la CHS y a otros dos directivos que habrían consentido una trama empresarial para desviar cientos de hectómetros cúbicos de agua del Segura a intereses urbanísticos. La investigación, asumida por la fiscalía en el 2001 tras una denuncia, afecta a un juez, que estaría implicado junto a sus hermanos en el supuesto cobro irregular de subvenciones agrarias de la UE.

Según el fiscal, el grupo empresarial más beneficiado, de los seis involucrados, sería el de Mariano Roca Meroño. El tráfico se habría llevado a cabo mediante extracciones ilegales de agua en la cuenca del Segura, desviada mediante conducciones, pozos y embalses. El recurso se habría llevado a zonas de gran interés urbanístico. El foco de las irregularidades se sitúa en la fina El Chopillo, en Murcia.

Los ecologistas y el sindicato agrario Unió-COAG de Murcia pretenden denunciar ante la UE lo que consideran una gestión del Segura basada en el "despilfarro" y el "saqueo".