La directora general de Calidad Ambiental, Marta Puente, escuchó ayer en la Comisión de Residuos Especiales las dudas que varios de sus componentes le plantearon a la creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). De hecho, uno de ellos, la Fundación Ecología y Desarrollo, anunció la organización de un foro de discusión sobre las fórmulas de gestión existentes en otras comunidades autónomas para poder estudiar la más conveniente. Tanto los representantes de UGT y CCOO como los empresariales de Cepyme y CREA ya habían planteado sus reticencias al modelo elegido por la DGA para desatascar administrativamente los expedientes acumulados en el departamento de Medio Ambiente.

EL VIERNES NUEVA REUNION La comisión la integran una veintena de representantes de la DGA, ayuntamientos de las tres capitales aragonesas y diputaciones provinciales, así como agentes sociales de la universidad, el sector sindical y empresarial, ONGs y el Consejo de Protección de la Naturaleza.

Ayer, este órgano consultivo debatió las propuestas de trabajo para diseñar el futuro Plan Integral de Residuos, y Marta Puente presentó un nuevo borrador del mismo, algo más detallado que el anterior, que recoge los instrumentos de actuación. Este documento de trabajo será estudiado por las partes, quienes volverán a reunirse el próximo viernes.

La modificación de los actuales planes de gestión de cada residuo y la adaptación al nuevo plan integral será uno de los temas que se traten el viernes. No obstante, todos los participantes en la comisión de ayer --faltaron los representantes de CCOO y Ecologistas en Acción-- vieron con buenos ojos tanto la constitución de Sodemasa, la futura sociedad mixta medioambiental, como la empresa de gestión de residuos.

Todos valoraron positivamente el proceso participativo con que el departamento de Medio Ambiente está llevando a cabo sus reformas. Así, la directora Marta Puente reconoció ayer que el plan integral de residuos no se expondrá a exposición pública hasta que no se consensúe, lo que supondrá un mínimo de plazo de uno a dos meses. "El espíritu de apertura debe seguir", pidió ayer Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo.

Mari Mar Martínez, representante de UGT, lamentó tras el encuentro que el resto de componentes de la comisión no contase con el contenido de los trabajos realizados por sindicatos, Cepyme y CREA sobre el plan integral para "poder comparar nuestras propuestas con las presentadas ahora por la DGA".